(Fuente: Prensa Libre 4 de marzo de 2009, Foto Daniel Herrera)Todos recibíamos atónitos la noticia de cómo un grupo de jóvenes dentro de un centro "correcional", dentro de los cuales se encontraban varios mayores de edad, asesinaron brutalmente y luego descuartizaron a su maestro, Jorge Winter, a quien sostenían como rehen, a cambio de que se les concedieran una serie de exigencias. Lamentablemente esta es solo una de muchas veces en las que hemos visto a menores de edad actuar de esta manera tan salvaje.
Esa condcuta nos hace preguntarnos seriamente si realmente se justifica mantener la protección constitucional a los menores de edad a quienes la ley no puede tratar como delincuentes por haber sido declarado estos "inimputables". Por supuesto, ello implicaría una reforma constitucional que solo puede provenir de una Asamblea Nacional Constituyente, a lo cual cabría preguntarse cuáles serían los riesgos de hacerlo. En mi opinión, una constituyente es de momento un tema demasiado peligroso para considerarse.
Eso nos deja, a mi criterio, con la necesidad de evaluar otras opciones probablemente más factibles y más realistas. Habría que considerar que los centros de detención tanto correcionales para menores, como en general para cualquier reo, en lo absoluto cumplen una función rehabilitadora o de readaptación del reo a la sociedad. Si bien es cierto que se dan algunos casos excepcionales de adquisición de alguna capacitación o técnica, la generalidad es que estos centros no cumplen lo que fue un fin noble e ideal pero poco realista.
¿Debiéramos pensar entonces en que en el mejor de los casos lo que quizá podamos lograr sea simplemente aislar del resto de la sociedad a estos sociópatas antisociales?
Aquí veo dos vías más factibles que se pueden atender de forma más inmediata. Primero, el Congreso podría realizar ciertas reformas claves en la legislación de menores y procesal penal. Ello, con el objetivo de darles mayores herramientas a los jueces para que puedan ser más severos al momento de resolver la situación de estos sujetos que siempre se encuentran en un limbo jurídico, ya sea porque son inimputables o porque nunca llegan sus condenas. Segundo, considero que los propios jueces deben ser más responsables en sus decisiones en el sentido que efectivamente respeten las garantías y derechos de las personas inocentes, pero que sean firmes también con aquellos que han perdido ese derecho. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se le concedan fianzas risibles a sujetos que llevan más de treinta ingresos a la cárcel?
Por último, preguntaría si no debemos reconsiderar la naturaleza de nuestro sistema penal. ¿Será posible la readaptación de delincuentes que demuestran haber perido su alma por la forma inhumana en que se comportan?
¿Usted qué opina?
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Cabalmente sobre delincuencia hablabamos en uno de los seminarios. Surgio la idea de que era mejor aumentar el grado o la severidad de la pena (para causar mayor temor, aumentar el costo de oportunidad). Sin embargo, a mi parecer, el gran problema en Gautemala es que ni siquiera existe certeza de que se cumpla la pena ni de que se realice el proceso debido. De qué sirve, creo yo, un severo castigo (hablemos incluso de torturas, decapitacion, azote público, o hasta lo impensable) si de igual manera la probabilidad de denunciar, perseguir, atrapar, procesar y luego aplicar el correspondiente castigo, es bastante baja. Muchas personas no denuncian por miedo y por la poca certeza que existe de que se siga un proceso debido. Claro, la severidad de la pena es un factor a considerar, sin duda alguna, pero dicha severidad sera realmente considerada por un delincuente en la medida que exista una amplia probabilidad de que será atrapado y castigado.
ResponderEliminarEl peligro de todo esto, creo yo, es que, aunque el guatemalteco se caracteriza por su poco interes, escepticismo e indiferencia ante temas sociales, pueda en algun momento tomar acciones por sus propias manos, lo que puede resultar en detrimento de la ley, el orden, la convivencia pacifica y, mas importante aun, el respeto a la vida
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