DIPUTADOS SINVERGUENZAS

Nuevamente queda demostrado el nulo respeto que tienen los políticos para con el orden jurídico en nuestro país cuando en el más sucio oportunismo y apoyados en el formalismo legalista en que se basa dicho orden, los diputados ostentadores del monopolio de la legislación se han autorecetado una “indemnización” por tiempo de servicio.

Más allá de la indignación ciudadana, a la cual me sumo, por tal sinvergüenzada, propongo evaluar porqué, en Derecho, no procede, aunque en nuestro contexto positivista casi todo se vale.

No están sujetos al régimen de la legislación laboral que contempla una indemnización por despido “injustificado”. En el sentido auténtico de la democracia, que no es más que un mecanismo de selección de nuestros gobernantes bajo criterios relativamente mayoritarios, como una forma pacífica de procurar la alternabilidad en el ejercicio del poder público, los diputados han obtenido sus cargos. Nadie los ha contratado, nadie puede despedirlos.

La terminación de su condición de “servicio” tampoco puede ser “injustificada”, lo cual según ellos los hace merecedores de semejante privilegio. Fueron electos mediante un proceso democrático para un plazo determinado. No hay justicia o injusticia en su no reelección, sólo mayorías relativas de votos.

Una tercera consideración sería el hecho que mediante esta disposición se estaría imponiendo un costo a los contribuyentes en forma retroactiva en el caso que se les pague a éstos noventa cínicos cuando se vayan el catorce de enero próximo en base al tiempo que llevan expoliando al pueblo, previo a la entrada en vigencia de su inescrupuloso privilegio.

Procede entonces esta aberración jurídica y política en un contexto constitucional en el que se han abandonado los aspectos genuinamente republicanos más elementales de poder público limitado y equilibrado, y donde se ha conferido a los diputados el privilegio de autoregularse, de autofavorecerse. ¿Por qué entonces habríamos de esperar consecuencias diferentes?

¿Qué argumento tendrá la Corte de Constitucionalidad, si esta discusión llegase a ese foro, cuando la prerrogativa de autoregularse está establecida constitucionalmente en favor de la mitad más uno de los diputados? ¿Qué argumento tendrá cuando fue precisamente dicha institución la primera en gratificarse a si misma con una indemnización similar?

La indignación generalizada en la opinión pública no puede ser más que un buen punto de partida para hacer una reflexión profunda sobre las causas de estos desmanes. Antes que políticos con halo y alas, si es que existen, Guatemala necesita una Constitución de Principios, no de fórmulas. O como quizás diría Arjona, el problema no son políticos mañosos y sinvergüenzas, el problema es el poder que les damos.