EL PRECIO DE UN NIÑO

Aparentemente éste es el tema central de la discusión respecto de las adopciones en nuestro país. Por un lado, los políticos y algunos grupos de interés se empecinan en señalar lo lucrativo que puede ser este “negocio” para algunos notarios que se dedican a “buscar vientres en alquiler”, “engañar mujeres”, “comprar niños” y “engordarlos para la venta”, o incluso llegar a extremos de falsificar la documentación requerida para extraerlos del país ilegalmente.
Del otro lado, desde luego están quienes aducen que esta es una actividad loable que persigue en última instancia un mayor nivel de bienestar para un niño desamparado, y, por supuesto, que como todo servicio profesional es “debidamente” remunerado.
Así se define entonces la batalla, entre quienes se oponen al enriquecimiento de algunos notarios por medio del “negocio” de la adopción y quienes defienden la “función social” que representa el ejercicio de su profesión en este caso. Los guatemaltecos asumen generalmente cualquiera de estas dos posturas, mayoritariamente la primera diría yo. Independientemente de ello, los políticos, que al final ostentan el poder, llevan siempre las de ganar.
Pregunto a la opinión pública si la razón o la experiencia caben en este debate o si se trata como en tantos otros casos de un conflicto entre intereses.
Recuerdo a la opinión pública que serán niños huérfanos los que acarrearán con el costo de la decisión final, sea cual fuere la que gane.
Nadie puede justificar moralmente utilizar vidas humanas desamparadas como mercancía. La prostitución, por ejemplo, aunque para algunos moralmente deplorable y para otros no, de alguna medida se puede tolerar en una sociedad puesto que a pesar que significa que la persona humana es el objeto que se intercambia por dinero, al final es una decisión entre adultos que voluntariamente otorgan su consentimiento. Ahora bien, cuando una madre deliberadamente entrega a un hijo a cambio de dinero, así sea un intercambio voluntario, el objeto de lucro es de nuevo una persona humana, pero que en este caso está totalmente desprotegida ante tal transacción, a pesar que se pueda argumentar que probablemente se le brindará una mejor oportunidad de vida a la larga.
Hago esta comparación para que tengamos alguna perspectiva respecto de hasta dónde se extienden los límites de la libertad. Por principio, deberíamos tener claro que la vida humana, particularmente la de un menor de edad, no es objeto de comercio. Por similares razones tampoco puede justificarse el aborto, por ejemplo, pues se está decidiendo por sobre la vida de alquien cuyo derecho nunca se toma en cuenta.
La Adopción es una institución del derecho de familia, del derecho civil, del derecho privado, que cumple una función social importantísima, dar oportunidad a quienes la han perdido. En el caso de niños húerfanos que no cuentan con un tutor legalmente instituido la adopción resulta ser la solución más humanitaria y viable para proporcionarles las bondades de la vida familiar. Cuando se trata de niños cuyos padres por razones justificables no desean o no pueden crear, la adopción puede significar una mejor esperanza de vida. En cambio cuando el propósito es negociar con una vida humana, y principalmente porque se trata de un menor, la adopción se convierte en un fraude.
En tal sentido, la función de la Ley y del Estado debe ser siempre velar por el mejor interés del menor, no se puede permitir que se negocie con vidas humanas, pero tampoco puede negárseles una legítima oportunidad de devolverles la esperanza.
Así es como deberían evolucionar nuestras instituciones jurídicas, en aras de preservar un sabio mecanismo constituido para proteger a los más indefensos dentro de nuestra sociedad. En nuestro país la institución civil de la Adopción se encuentra bastante bien desarrollada, y desde luego habrá qué reconocer que la legislación y sobre todo los procedimientos son siempre perfectibles. Pero se debe también tomar muy en cuenta que es la falta de cumplimiento y burla de los actuales mecanismos legales nuestro principal problema, y que muchos, al no entender ésta situación, pretenden curar la enfermedad atacando los síntomas.
Ahora bien, lo que está en juego en Guatemala es algo completamente diferente. En términos de la opinión pública la postura menos defendible, por ponerlo de alguna manera, es la que pretende no limitar la actual función del Notario en los procesos de adopción de manera que los notarios puedan continuar con su actividad profesional que por cierto puede ser bastante lucrativa. La postura más aceptada, pero más importante, la que los políticos han respaldado, es la que habrá de concederle un monopolio legal a alguna entidad estatal burocrática que se hará cargo de todos los procesos de adopción en nuestro país.
Es el precio de un niño lo que indudablemente se reclama. Los miles de dólares que perciben los notarios y las madres, desalmadas muchas, que entregan a sus hijos a cambio de alguna remuneración, versus las decenas de millones de Quetzales que gastará la burocracia, irremediablemente ineficiente, en “regular” las adopciones.
Cuantiosos honorarios profesionales para los notarios o jugosos presupuestos para los políticos y burócratas, ese es el precio que han de pagar los huérfanos en Guatemala.
Lo pagarán seguramente con sus vidas, puesto que en los países en que reformas de ésta naturaleza se han implementado las adopciones prácticamente han desaparecido. El Estado nunca ha sido buen administrador y no tiene por qué serlo en este caso. Bajo este régimen los huerfanos deberán entrar en una tutela monopólica del estado que no funcionará más que para terminar de destruir sus ya trágicas vidas. Aquellas adopciones que si se den serán seguramente el resultado de acuerdos corruptos entre corruptos burócratas con discrecionalidad y corruptores intermediadores que probablemente sean los mismos notarios que hoy quebrantan la ley.
Únicamente se habrá elevado el precio para el niño en adopción.
Si el interés de los menores habría de prevalecer, deberíamos entonces discutir cómo mejorar los mecanismos para efectivamente protegerlos. Jueces de familia, de menores y trabajadores sociales mejor capacitados y dotados de más recursos; procedimientos más transparentes; competencias mejor definidas tanto en el ámbito territorial como material, de manera de acercar el procedimiento al más afectado, el menor; más eficiente persecución y mayor sanción a los que criminalizan la adopción; son solo algunas sugerencias.
El rumbo que hasta ahora nuestro país ha tomado no tiene sentido, sólo significa castigar a miles de niños para eliminar el problema ocasionado por algunos Notarios y madres inescrupulosas, el precio es muy alto y lo pagan los más débiles.

DIPUTADOS SINVERGUENZAS

Nuevamente queda demostrado el nulo respeto que tienen los políticos para con el orden jurídico en nuestro país cuando en el más sucio oportunismo y apoyados en el formalismo legalista en que se basa dicho orden, los diputados ostentadores del monopolio de la legislación se han autorecetado una “indemnización” por tiempo de servicio.

Más allá de la indignación ciudadana, a la cual me sumo, por tal sinvergüenzada, propongo evaluar porqué, en Derecho, no procede, aunque en nuestro contexto positivista casi todo se vale.

No están sujetos al régimen de la legislación laboral que contempla una indemnización por despido “injustificado”. En el sentido auténtico de la democracia, que no es más que un mecanismo de selección de nuestros gobernantes bajo criterios relativamente mayoritarios, como una forma pacífica de procurar la alternabilidad en el ejercicio del poder público, los diputados han obtenido sus cargos. Nadie los ha contratado, nadie puede despedirlos.

La terminación de su condición de “servicio” tampoco puede ser “injustificada”, lo cual según ellos los hace merecedores de semejante privilegio. Fueron electos mediante un proceso democrático para un plazo determinado. No hay justicia o injusticia en su no reelección, sólo mayorías relativas de votos.

Una tercera consideración sería el hecho que mediante esta disposición se estaría imponiendo un costo a los contribuyentes en forma retroactiva en el caso que se les pague a éstos noventa cínicos cuando se vayan el catorce de enero próximo en base al tiempo que llevan expoliando al pueblo, previo a la entrada en vigencia de su inescrupuloso privilegio.

Procede entonces esta aberración jurídica y política en un contexto constitucional en el que se han abandonado los aspectos genuinamente republicanos más elementales de poder público limitado y equilibrado, y donde se ha conferido a los diputados el privilegio de autoregularse, de autofavorecerse. ¿Por qué entonces habríamos de esperar consecuencias diferentes?

¿Qué argumento tendrá la Corte de Constitucionalidad, si esta discusión llegase a ese foro, cuando la prerrogativa de autoregularse está establecida constitucionalmente en favor de la mitad más uno de los diputados? ¿Qué argumento tendrá cuando fue precisamente dicha institución la primera en gratificarse a si misma con una indemnización similar?

La indignación generalizada en la opinión pública no puede ser más que un buen punto de partida para hacer una reflexión profunda sobre las causas de estos desmanes. Antes que políticos con halo y alas, si es que existen, Guatemala necesita una Constitución de Principios, no de fórmulas. O como quizás diría Arjona, el problema no son políticos mañosos y sinvergüenzas, el problema es el poder que les damos.

IETAAP: Impuesto para Erradicar Todo Ahorro y Actividades Productivas.

En un país donde la Constitución se respeta siempre y cuando no obstaculice las ambiciones de los políticos y gobernantes quizás la mejor estrategia para enfocar el IETAAP sea haciendo énfasis en sus consecuencias económicas.

En otras palabras, el IETAAP es abierta y claramente inconstitucional, por ser confiscatorio al igual que lo fue su antecesor el IEMA, pero ello a los políticos, a los “expertos” en aspectos fiscales, a los periodistas e incluso al CACIF, les ha importado un comino. En Guatemala está demostrado que en aquellos casos en que la Corte de Constitucionalidad ose decretar la ilegalidad de un impuesto, los principios tributarios que establece la Constitución, débiles frente a los abusos que pueda cometer el Congreso, prevalecerán hasta que los Impuestos anulados sean rebautizados con nombres más políticamente correctos que los sustituyan, pero igualmente inconstitucionales.

Y en este caso, a pesar que el susodicho elegantemente se apellida “en Apoyo a los Acuerdos de Paz”, los nombres de pila “Extraordinario y Temporal” parecen no tener significado alguno. Pareciera que la consigna hubiera sido “sólo un año más vamos a extender la inconstitucionalidad”, pero a ese pacto fiscal nadie está atado.

Pero si nuestro sentido de respeto al régimen jurídico no se ve herido, quizás si nos sintamos lastimados cuando las consecuencias nos peguen donde verdaderamente nos duele: en el bolsillo.

Superando las aberraciones Keynesianas de desincentivar la inversión productiva por medio de confiscar las ganancias de las empresas para que éstas no puedan ser reinvertidas generando más empleo, y redistribuyéndolas hacia burócratas ineficientes o corruptos, el IETAAP va más allá, confiscando el patrimonio de las empresas tengan estas ganancias o no.

Antes se castigaba sólo a las empresas que generaban riqueza y hacían que nuestra economía creciera. Ahora, en el mejor espíritu de la lógica egalitaria se castiga parejo a cualquiera que emprenda una iniciativa empresarial en el sector formal, gane o pierda. Si el primer caso desincentivaba las inversiones, el segundo está destinado a erradicarlas.

La otra consecuencia importante de un tributo de esta naturaleza tiene qué ver con el impuesto más nocivo que ha creado el gobierno, aquel que ha empobrecido a los más débiles y que es la verdadera y principal causa de las famosas “desigualdades” sociales que padecen nuestros países: La Inflación.

Nadie niega la necesidad de financiar las responsabilidades elementales del estado, pero bajo el idealismo ilusorio del paternalismo estatal se han fomentado políticas de gasto público cuya principal consecuencia tangible ha sido la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo cual afecta de forma más drástica, invariablemente, a los más pobres. Para esta “clase social” más débil, el ahorro resulta siendo una práctica inconcebible, abandonando por completo la oportunidad de crecer en el largo plazo y acortar la brecha. Se convierte así un impuesto temporal que ni siquiera pagan en una cadena perpetua de pobreza.

GUATEMALA´S PRESIDENTIAL ELECTION: THE LEFT-WING INTERNATIONAL MEDIA IS HAVING A FIELD DAY. THE REASONS WHY COLOM WON.

Phrases like “Colom defeated former Army General Perez Molina, a high-ranking officer during Guatemala’s years of bloody dictatorship and counterinsurgency warfare in the 1980´s”, “Colom promised to expand social programs [while] Perez Molina countered with pledges to bring order to Guatemala by using the military to rule with an ‘iron fist’”; others like “Center-leftist Alvaro Colom won Guatemala's presidential election, denying power to a retired general who had sought to unleash the army to fight a violent crime wave” or “voters with bad memories of military rule turned down Perez Molina's plans to send more soldiers onto the streets, boost the use of capital punishment and declare states of emergency to fight crime.” set against the backdrop of comments like “The army ruled Guatemala for decades until the mid-1980s and committed hundreds of massacres in 36 years of civil war with leftist rebels. More than 200,000 people died, most of them Mayan peasants killed in army-led massacres.” are a common example of how the left-wing international media have presented and explained the outcome of Guatemala’s recent presidential elections.

Indeed Mr. Colom won with a clear margin, but the explanations as to why this happened much differ from the far-fetched arguments reported by the international press, in what seems to me is more a case of trying to push an ideological agenda.

If we look at the facts we will first notice that this was Colom’s third run at the presidency, which means that after three campaigns he had a significant and stable number of loyal supporters backing his pledge, especially in rural Guatemala. In fact, that is one of the reasons why so many analysts, including myself, predicted long ago that he would win, since less than a year ago no other candidate seemed to be able to shorten the distance. Money follows the winner and in this case it followed Mr. Colom. Some of Guatemala’s elite economic powers tried to get comfortable with the idea of a president associated with center-left populist ideals.

The real question was who would be the one to challenge him in the runoff election, since no one wins on the first round. Guatemala is a country of contrasts, an in the political arena the conflict generally lies between gaining acceptance within the urban population as a trade off to making borderline populist promises to mostly poor peasants in rural areas. Mr. Colom had his share of the electoral market well defined and consolidated. For all practical purposes, except maybe for the FRG party which ended up with a surprising 7%, other candidates that ran along similar o more extreme lines, including Ms. Rigoberta Menchu, had virtually no chance. Was there then a candidate who could sum up the whole of the so called “center-right” urban vote and defeat Mr. Colom in this epic battle, thus saving the despaired middle class of Guatemala? At the final stage of the race it would seem that it was General Perez Molina. But something happened on the way to heaven.

To make a long story short, the natural candidate of the ruling GANA party was Mr. Eduardo Gonzalez, who had worked closely with the administration until “his” bank (Bancafe) was shut down by regulators a little over ten months prior to the election. Making the best of their improvisational skills the GANA party wound up nominating Alejandro Giamattei, best known for restoring order to one of Guatemala’s most important prisons, until then dominated by inmates, during his short term as director of the penitentiary system. Mr. Giamattei finished third among fourteen candidates with a respectable 19% of the vote. Another surprise was brought forth by the well-respected academic Eduardo Suger who carried an encouraging 7% defined as the more intellectual, reasoned vote.

Two questions will be left unanswered regarding the first round of the elections. Had Mr. Giamattei more time, would he have been able to overcome General Perez? Had either of these two candidates been depicted more accurately in the polls (they were always placed lower than their actual results), would urban voters had turned to them instead of General Perez and called upon either of them to beat Colom? A third question might be had Giamattei sneaked into the second round would he have defeated Colom? Knowing what we know now, I’m not so sure that would be a definite no.

The field was ready for the runoff battle and all bets were off. With a difference of about one hundred and fifty thousand votes, General Perez Molina was in better position to win if he was able to persuade the over-half-a-million like-minded voters of Giamattei, plus the two hundred and thirty thousand “anti-populist” votes of Suger. In the end, Colom won by about one hundred and fifty thousand votes and people started to wonder why.

The left-wing international media immediately claimed an ideological victory in the best anti-military fashion. For them it was a sweet success on their political agenda, but their argument is as tasty as the cheese the moon is made out of.

With 70% of the Guatemalan population being under 30 years of age, one can hardly argue that this election had something to do with lingering memories, or I might even call them resentments, of the civil war years. General Perez Molina and his staff made several simple but crucial mistakes, and that cost him the presidency when all he had to do was rise to the challenge and earn it.

The number one concern for Guatemalans today is crime. General Perez Molina seemed to grasp it and run with it. His “mano dura” (strong hand) slogan symbolized the idea that he would be tough on crime, even taking advantage of his military background. “Character and determination” he said, but the argument didn’t go much farther and voters soon realized it. While it was good enough to give him an initial boost to break away from the pack that was trying to catch up to Colom, it certainly wouldn’t be enough to put him over the top. The superficiality of his argument became evident in the debates in which he accepted to participate. His response to everything seemed to be “mano dura”, clearly disappointing voters.

Another tactical mistake was not adequately exploiting the reputation of his running mate, widely respected businessman Ricardo Castillo, something which Colom did very intelligently with his, Rafael Espada, an internationally renowned heart surgeon who sold the party on his “social” projection.

As the date approached polls started to show General Perez Molina slightly ahead, and then overconfidence became his worst enemy. First he chose not to participate in two important debates, “a circus” he called them. The latest was eventually held and ran in Guatemala’s largest radio network, most important cable television network, and largest newspaper. Mr. Colom was the only clown, but he put on a pretty decent show.

Two particular events headlined the news in the days to come. One was the fact that General Perez Molina had not performed, and in addition several local cable companies had chosen not to broadcast the debate blocking the channel. The other one had to do with two high-ranking congresswomen of Perez’s party, one of them chair of the anti-corruption committee, having spent the equivalent of US$2,000.00 of public funds on a two-day spree at one of Guatemala’s premiere hotels in the colonial city of Antigua.

To the urban population “mano dura” would have meant character to face a rival in a debate with strong and profound arguments. It could have also meant that discipline would have been applied after the errant behavior of their party members. But “mano dura” suddenly had become the invisible hand.

When one considers the strong backing that Giamattei received, one can not discard the fact that most of his voters had recognized in someone like him some of the few but visible accomplishments of the current administration, perhaps only surpassed in terms of public opinion by the favourable perception of the Minister of Education, María del Carmen Aceña, a woman of unquestionable integrity. During the term of this administration very few incidents had outraged public opinion as the opportunistic, corrupt and cynical conduct of public schoolteacher’s union leader Joviel Acevedo. Ms. Aceña valiantly stood up to this charlatan in her determination to carry forward with important and well needed education reforms. Middle and upper class urban voters supported her. General Perez Molina chose to side with Mr. Acevedo instead, or at least it was perceived that way after photos of them together happily conversing appeared in all newspapers. There went about a half a million votes.
Similar results were produced when congresswoman Roxana Baldeti, the joint secretary general of the party and controversial for what some considered vulgar displays throughout the campaign, also appeared on very friendly terms with one important figure of the FRG party, responsible for the most corrupt administration in the country’s democratic history.

The straw that broke the camel’s back has to do with the fact that very close to the end of the race the truly nasty campaign intensified, mostly against Colom. Massive emails were constantly invading the computers of those middle and upper class citizens who have access to the internet with messages that literally accused Colom of being the Devil himself. Although the dirty campaigning went both ways, Colom was at a disadvantage, at least in terms of being the most attacked in the sleaziest way. Pick on someone long enough and you end up making him a victim. In a way that got Alfonso Portillo of the FRG elected after constantly being hammered for having killed two Mexican citizens. The murderer became the brave man who defended his life as he would defend that of all Guatemalans, an argument that got him to the presidency.

To sum up, middle and upper class urban voters had no initial intention of voting for Colom, and they probably never did, but Otto Perez Molina and his party’s tactics never swayed them in his favour either. And that is the true reason behind Colom’s victory.

Post Scriptum: The object of this article is to explain the reasons why Alvaro Colom became elected president of Guatemala in comparison to the arguments proposed by many international news services. It is not intended to express any political preference, or to discredit any of the candidates, including Mr. Colom, of whom I have a favorable opinion, and as an ordinary Guatemalan citizen will give him the benefit of the doubt.

NO MÁS DEL MENOS PEOR

Luego de que los guatemaltecos finalmente decidiéramos entre Álvaro Colom y Otto Pérez para ocupar el cargo de presidente de nuestro país por los próximos cuatro años considero oportuno hacer algunas reflexiones:

Independientemente de la credibilidad que le concedamos a las encuestas de opinión publicadas por diversos medios, lo cierto es que en la primera vuelta Álvaro Colom aventajó a quien sería su contrincante en la segunda vuelta por una cifra aproximada a los ciento cuarenta mil votos. Si consideramos que los candidatos que ocuparon los lugares subsiguientes en la primera ronda electoral fueron Alejandro Giamattei, con alrededor de quinientos cincuenta mil votos, Eduado Suger y Luis Rabbé con alrededor de doscientos treinta mil votos cada uno, podríamos suponer que, en general, los votantes de estos tres candidatos hubieron de decidir el resultado de la segunda vuelta, mediante su voto, mediante su abstención.

En ese contexto, habríamos de suponer que era más probable que los votantes que optaron en primera ronda por Giamattei y por Suger votarían más por Otto Pérez que por Álvaro Colom, dadas las características eminentemente urbanas de dichos votantes y las inclinaciones políticas que ello generalmente conlleva. Podríamos afirmar también que el caudal de Giamattei y de Suger hubiera sido más que suficiente para garantizarle la victoria a Otto Pérez de ser cierto el supuesto anterior, incluso en el caso que el voto del FRG hubiera apoyado a Colom.

Habría entonces qué explorar las razones de la derrota de Otto Pérez, partiendo de la idea que estaba en mejor posición de ganar la presidencia, así como las implicaciones de dicha derrota, y cómo la misma será asimilada en el entorno nacional e internacional. Ello, sin embargo, lo dejaré para un futuro artículo.

Comúnmente se menciona que Guatemala es un país polarizado. Podríamos afirmar en forma más técnica que en nuestro país se encuentran sustancialmente divididas las preferencias electorales, y agregaríamos que dada la gran cantidad de ofertas electorales, podría decirse que también hay un grado importante de dispersión respecto de dichas preferencias. La diversidad en el Congreso puede también apreciarse como un reflejo de ello.

En ese sentido, podemos poner en palabras lo que los números nos han confirmado. Una gran parte de la población no vio identificada su preferencia electoral en cualquiera de las dos ofertas finales. Así se explica no solo el grado de abstencionismo característico de las segundas vueltas electorales, como el hecho que el candidato en segundo lugar no inspiró la confianza del votante que necesitaba para asegurarse el triunfo. En otras palabras, ambos candidatos mantuvieron relativamente intactos sus respectivos caudales mientras que el sesenta por ciento de la población permaneció inerte ante dos ofertas desmotivadoras.

Así es como llegamos a la conclusión que en Guatemala debemos empezar a pensar en sustituir el sistema actual de elección presidencial por uno que corrija las principales deficiencias del mismo y que contribuya a que el votante pueda expresar con mayor fidelidad sus preferencias electorales.

El sistema de elección presidencial a dos vueltas actualmente utilizado en Guatemala tiene los siguientes problemas:

Primero, no garantiza que el candidato ganador cuente con la mayoría de las preferencias de los votantes. En ese sistema lo que cuentan son mayorías relativas de votos, o sea las dos mayores minorías son las que disputan la segunda vuelta. Al tener qué escoger de esta forma, el votante cuya preferencia no se encuentra en la segunda ronda, escoge entre dos males el menor, o simplemente opta por no escoger.

Segundo, los contrincantes finales buscan hacer alianzas con otros que quedaron fuera de la segunda vuelta. Estas alianzas resultan a veces, naturales, a veces desconcertantes para el votante, pero en dado caso, los intercambios políticos que surgen para consolidar dichas alianzas son escasamente conocidos por el votante y no sino hasta el período entre la primera y segunda vuelta. A su vez, estas alianzas pueden ser atractivas o desmotivantes tanto para los votantes originales del candidato que disputa la segunda vuelta, como para los simpatizantes de otros candidatos que han quedado fuera de la contienda.

En resumen, este sistema puede crear una enorme confusión en el votante que puede parar alienándolo del proceso electoral.

La tercera principal desventaja de este sistema se traduce en el costo de tener qué realizar una segunda vuelta electoral, dado el caso que es poco probable que un candidato gane en primera vuelta con mayoría absoluta de los votos.

El sistema de Elección por Rondas Simultáneas (ERS) corrige notablemente las deficiencias del sistema electoral actualmente utilizado en Guatemala. La principal característica de este sistema es que presenta al votante la oportunidad de expresar a profundidad sus preferencias electorales. Ello se logra mediante el empleo de una papeleta en la cual el votante vota por uno, algunos o todos de los candidatos pero ordenándolos de acuerdo a su particular escala de preferencias.

Un votante, por ejemplo, podría decir, prefiero a éste candidato porque es el que más se preocupa por temas ambientales y lo marca en primer lugar. Luego, dado a que el candidato de su predilección tiene pocas probabilidades de ganar, puede ubicar en un segundo lugar a otro candidato que para él es deseable, y así sucesivamente hasta agotar los que le interesen. No es necesario que ubique a todos en orden. Tampoco es necesario que vote por más de uno, simplemente que por el hecho de no hacerlo el votante desperdiciaría esa dimensión adicional que ahora tiene su voto.

Quien dice ambientalismo puede decir apertura económica o intervención estatal, es decir, el sistema ERS no tiene un carácter ideológico sino más bien significa que los votantes puedan expresar con mayor precisión sus preferencias políticas, sean cuales fueren.

Lo innovador del sistema ERS es la forma en que se calculan los resultados. Se cuentan todas las primeras preferencias de los votantes, y si hubiera un candidato con mayoría absoluta el proceso termina. (Esto sería exactamente igual que como sucede en el proceso actual). En el caso que no exista un candidato con mayoría absoluta es donde se aprecia esta dimensión adicional que brinda el sistema ERS. Cuando no hay un ganador que tenga mayoría absoluta de las preferencias se elimina al candidato que MENOS votos tuvo. En ese caso se vuelve a realizar el conteo, con la diferencia que en aquellos votos cuya primera preferencia ha sido eliminada, se toma en cuenta la SEGUNDA preferencia.

Así se repite el proceso hasta que exista un ganador que cuente con la MAYORÍA ABSOLUTA de las PREFERENCIAS de los electores.

En resumen, con el sistema ERS un votante puede votar por su candidato ideal, en primer lugar aunque este no tenga probabilidades de ganar la elección, y luego decidir cuál sería su segunda opción en caso el primero no gane y así sucesivamente.

Algo mucho mejor que no votar, o que tener qué votar por el “menos peor”.

Si desea conocer más sobre una propuesta de reforma sobre este tema lo invito a visitar: http://www.proreforma.org.gt

Legislar contra los más indefensos

Reproduzco un artículo mío publicado el año pasado en el cual invito a reflexionar sobre las consecuencias de convertir las adopciones en un monopolio estatal.

Difícilmente pueda argumentarse que exista dentro de una sociedad personas más vulnerables, desamparadas e indefensas que los huérfanos. Antes que cualquier otra necesidad material lo más elemental que requiere y necesita todo ser humano es el afecto y seguridad que brinda la familia, que brinda el hogar. Así sea bajo las peores circunstancias, económicas o de cualquier otra índole, un niño querrá a su padre por el solo hecho de serlo, y el amor hacia una madre es siempre puro e incondicional, o por lo menos será así en esa etapa inocente que es la niñez. Cuando estos elementos faltan una vida no está completa.
Es la peor de las fortunas no contar con un padre o una madre, una familia o una identidad. Al niño le interesa poco realmente si es por irresponsabilidad, inmadurez o incapacidad de los padres, o peor aún por circunstancias ajenas como la violencia por ejemplo, que no cuenta con el sustento espiritual que sólo la familia puede traer.
Desde siglos la sociedad construida sobre valores de respeto a la vida como fin último, y de respeto a la familia como base de la misma, desarrolló la noble institución de la adopción, que cumple la función social de dar esperanza a quienes la habían perdido.
Aparte de la obligación moral incuestionable que significa la paternidad responsable, no hay acto más humanitario que aceptar y amar como propio a quien se encuentra perdido, abandonado, desamparado – negado.
No creo que exista persona, funcionario o político genuinamente bien intencionado que pretenda a conciencia destruir una institución social tan valiosa como la adopción. No me queda duda que existen personajes que no reparan en aumentar sus cuotas de poder a costa de quien fuere, sea el más indefenso.
Para quienes tienen un interés loable en proteger a estos niños a quienes indudablemente el sistema jurídico debe tutelar cuidadosamente, el único parámetro válido y congruente con sus intenciones no puede ser más que tomar muy en cuenta las consecuencias reales, intencionadas o no, de sus decisiones.
Cuántas veces no se ha visto leyes bien intencionadas que terminan por destruir a aquellos a quienes se pretendía proteger. Cómo puede caber en la mente de un legislador, conociendo hoy lo suceptible que es la burocracia a la ineficiencia y a la corrupción, que sólo a través de un monopolio estatal estrictamente regulatorio podrá efectivamente resguardarse el mejor interés del más indefenso.
Cómo es posible que no se comprenda que el problema no es la institución en sí, sino algunos criminales inescrupulosos que abusan de ella, para quienes la ley no debería tener piedad.
Preocupante ironía la que vivimos cuando abandonamos la más elemental moral y por medio de nuestras leyes primero negamos el derecho a la vida de quienes no han nacido, y luego condenamos al sufrimiento a quienes no fueron deseados.
No dejemos que en Guatemala se elimine esta institución como ha sucedido en todos los demás países donde se ha aprobado legislación de esta naturaleza. Hagamos que nuestros valores y nuestra Constitución prevalezcan, en función del llamado a procurar el desarrollo integral de todas las personas, no importa bajo qué circunstancias hayan venido a este mundo.

La Noticia del Futuro

Sómos los Guatemaltecos personas laboriosas, dedicadas, honradas y responsables en la forma en que desempeñamos nuestras tareas? Quizás no podamos responder por toda una nación pero si se hace la pregunta a Usted mismo, ¿Qué contestaría? ¿Qué lo motiva a Usted día a día a hacer un enorme esfuerzo y sacrificio para cumplir sus compromisos y honrar su palabra? ¿Será su familia, sus hijos, su anhelo de superación personal? ¿Qué metas o propósitos quisiera lograr en su vida? ¿Cree que algún día podrá hacerlo? ¿Qué se lo impide? ¿Qué lo desmotiva o lo desmoraliza? ¿Qué siente cuando ve a otros alcanzar el “éxito” de forma fácil, rápida y corrupta?
No me extrañaría encontrar respuestas comunes para muchos de nosotros. El desencanto generalizado de la sociedad moderna es su principal característica. La gran ironía radica en que en el afán de lograr el bienestar supuesto de la “colectividad” y bajo ese pretexto, se ha olvidado lo más importante – que cada persona cuenta. La democracia, la gran equiparadora de las libertades políticas, no ha ofrecido respuestas satisfactorias a las cuestiones que a diario nos preocupan como personas, entiéndase padres de familia, trabajadores, comerciantes, agricultores, empresarios, etc. Y ello es comprensible porque en realidad no es esa su función. Sin embargo, sí hemos confundido el papel que debe desarrollar el proceso político democrático. Primero, fijando todas nuestras esperanzas en él, y por ende, convirtiéndolo en el mecanismo mediante el cual cada quien busca imponer sus intereses a costa de los demás. En ese sentido, nuestra democracia es sinónimo de repartición de privilegios y de garantía de impunidad. Ley de protección a... , ley de fomento a ... , ley de resarcimiento a ... , Ley para regular tal o cual actividad. Y peor aún son las destructivas “medidas de hecho” como medio de “expresión democrática”.
¿Qué de democrático tiene el querer imponer un criterio por la fuerza, la violencia o el chantaje? ¿Qué diferencia existe con hacerlo por medio de la legislación? El resultado es el mismo: beneficios que se concentran en algunos pocos, costos altísimos para la sociedad, estos sí perfectamente distribuidos entre todos. Repitamos el ejercicio varias veces y la consecuencia es notable, un país cada vez más pobre.
¿Qué opciones le quedan al ciudadano común, al que no se toma en cuenta? Puede tratar de pasar de ser víctima de la explotación legal para convertirse a su vez en explotador “legal”, tarea que resulta prácticamente imposible si consideramos que éste está más preocupado en encontrar las respuestas a las preguntas que inicialmente planteamos. En medio de nuestra confusión democrática hemos olvidado que la ley debe ser general, que no puede perseguir una finalidad específica para favorecer a un grupo en particular, y que se debe aplicar a todos por igual. Entonces puede también pensar en abolir por completo la explotación legal y dejar de ser víctima, sin que otros lo sean. Esto, nos enseñó Bastiat, requiere de mayor iluminación. Yo agregaría reflexión, entendimiento y compromiso.
El esfuerzo mental por aclararse las ideas es el fundamento de toda vida moral. Frase célebre, nos advierte del comienzo de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Pero es con la observancia de principios y una conducta de respeto a los derechos de todos, por igual, que la responsabilidad se ejerce.
Hoy abro un espacio para reflexionar y debatir, pero con un propósito muy claro y firme. Libertad sólo es una, pero la libertad de expresión es la que nos permite delatar el estado de las demás libertades. Vigilantes permanentes, podremos entonces transformar ese sistema habituado a atropellar constantemente nuestras más preciadas libertades en uno de respeto al derecho – de paz y desarrollo. Podemos encontrar la esperanza en el horizonte, si la buscamos con criterio sensato y determinación de carácter. Y la noticia del futuro será mejor.