WILL OBAMA HAVE HIS CAKE AND EAT IT TOO?

Renowned author and political analyst, Enrique Ghersi, once told a group of students of mine that you can either win an election or you can govern, but not both, based on the notion that in order to win an election one has to move in the direction of the opposition. And now it seems Barack Obama has that rare opportunity seldom afforded to presidents to do both. Having won a clear victory, but not having a clear mandate, the question on everyone’s mind now is which direction he will take.

Coming from a party that has sidetracked from its fundamental principles and out of the shadow of the most unpopular president in recent US history, McCain still put up a respectable fight in a race that should have been in the bag for the Democrats a long time ago. Thus essential to Obama’s victory, as they would have been to any winner, were the independent voters at the center of the ideological spectrum, but who were also discontent with the Republican Party’s recent antics. His main obstacle was to persuade those voters that he was not that “most liberal senator” (as he had often been accused of) which, at least in terms of voter perception, he overcame by taking up more moderate positions on key issues such as foreign policy and the war on terror, energy independence, spending reductions and tax cuts. Not particularly liberal positions on these issues plus the fallout of the economy, for which Democrat-style government regulation was widely thought of as the best answer, sealed the deal for Obama.

So, now that Obama got his cake, will he eat it too? The question obviously has to do with the way he will work with the Democrats controlling both houses of Congress. This may seem like every politician’s dream fulfilled, but it may also very well work against him. In other words, he certainly has a good chance of pushing his agenda through Congress (whatever it may be), but he might also be compelled to concede to the far left ambitions of influential Democratic members of the House and Senate that will come his way. Will he stay true to those middle-of-the-road promises that gave him an edge or will he sway back to the more liberal platform from where he came which calls for an American version of socialized health care, labor reform which could jeopardize the already feeble job market, more government subsidies and spending and thus inflation, trade restriction and even a tax hike which are just about the worst things to do in an economic crisis.

While I don’t believe this is a catch 22 for Obama, it is clear that disastrous far-left policies will mean a certain fall from his meteoric rise to the presidency, minimizing his chances for reelection, and probably even serving the next presidency to a Republican on a platter four years from now. On the other hand, fasting on this tempting presidential cake may very well mean an important legacy for an, already history-making, exceptional man.

SU LADO DE LA CUBETA

El Senador Fred Thompson de Tennessee daba un discurso en la convención nacional del Partido Republicano de los Estados Unidos en el cual criticaba la propuesta tributaria del candidato del Partido Demócrata, señalando que el ofrecimiento de Barack Obama era no aumentar los impuestos a las personas de clase media y baja, sino más bien aumentárselos a las empresas, sobre todo a las más grandes.
Thompson dijo entonces que esta propuesta no era para preocuparse, y con un genial sarcasmo añadió “a menos que usted compre los bienes que estas compañías producen, como abarrotes o combustibles, o que reciba un salario de alguna compañía…”. Pasó luego a la metáfora siguiente, mofándose de Obama, “no se preocupe, van a tomar más agua, pero no de su lado de la cubeta”.
Por décadas se ha querido lograr la igualdad económica por medio de la extracción forzosa de la “riqueza” de algunos para “repartirla más justamente” entre todos. La estrategia evidentemente no ha funcionado porque más de un siglo después se insiste en seguir persiguiendo el mismo objetivo. Y es que no va funcionar por que al final, a pesar que muchos se nieguen a entenderlo, las consecuencias de poner en práctica estos esquemas invariablemente van a ser las mismas, empobrecer más a todos.
Más bien lo único que se ha logrado es que haya menos agua en la cubeta, y en los peores casos, que las cubetas reservadas exclusivamente para políticos corruptos y grupos específicos que extraen rentas del Estado sean las únicas rebalsando.
Más allá de la simpleza literaria de Thompson que en nada se compara con la elegante elocuencia de Obama, su discurso encierra una valiosa lección. Y es que en términos de impuestos, para la economía de cualquier país, cubeta sólo hay una. Poniéndolo sencillo, a lo Thompson, los impuestos a las ganancias de las empresas solamente generan los siguientes efectos: 1) Encarecer los productos que estas empresas producen en perjuicio de los consumidores, lo cual los hace más pobres por la pérdida de poder adquisitivo; 2) Disminuir los niveles de ahorro e inversión, y por consiguiente, la capacidad de las empresas de aumentar su productividad, lo cual significa menos puestos de trabajo y salarios reales que no crecen.
Simpática la metáfora de Thompson, pero triste la ironía de la realidad, pues es el discurso políticamente correcto de la redistribución de la riqueza el que tiene a tanta gente sumida en la pobreza.
La pobreza solo se elimina generando más riqueza, y la riqueza solo se produce cuando el entorno legal es favorable a las inversiones. Un entorno legal favorable a las inversiones requiere que el Estado se concentre en proteger los Derechos de las personas, siendo igual de importantes los que la Constitución reconoce como los que nacen de los mismos acuerdos privados entre personas, entiéndase contratos. Se logra además con una moneda estable, no inflada gracias a todas las actividades clientelistas que lleva a cabo el gobierno supuestamente para combatir la pobreza.
Y eso no requiere de tantos impuestos.
Los guatemaltecos debemos entender de una vez por todas que para alcanzar la prosperidad debemos redefinir drásticamente el sistema político actual y el papel del Estado, desde la propia raíz, desde la Constitución, pues es lo único que le da al sistema la estabilidad de largo plazo necesaria para que este denote efectivamente certeza jurídica. Por ello es importante que usted apoye la propuesta de Proreforma.

Petrocaribe: Más deuda, más inflación, más impuestos, más pobreza

El Presidente Colom suscribió con el Gobierno de Venezuela un acuerdo mediante el cual Guatemala se adhiere a la iniciativa denominada “Petrocaribe”, y ahora busca la aprobación de dicho convenio en el Congreso. En teoría, mediante este programa el gobierno, mediante una nueva empresa estatal, podrá adquirir combustibles, para posteriormente comercializarlos en el mercado interno, bajo las condiciones, supuestamente favorables, en el sentido que debe pagar el equivalente al 40% del costo en forma inmediata, el saldo (60%) será financiado por un plazo de 25 años a una tasa de interés del uno por ciento anual.
Actualmente el Ejecutivo cuenta con los votos de los diputados de la bancada oficial, lógicamente, y busca obtener los votos adicionales suficientes para alcanzar la mayoría necesaria (mitad más uno) del total de Diputados. No es de extrañarse que a cambio de dichos votos el partido oficial haya realizado ofrecimientos que esencialmente consisten en concederle alrededor de uno punto cinco millones de Quetzales a cada diputado, e incluso alcaldes, de otras bancadas, para que estos los destinen a obras que sean de su interés.
Antes de considerar las consecuencias económicas, primero merece la pena advertir que mediante este tipo de negociaciones se burla fácilmente el ideal del sistema “democrático” representativo, puesto que el “consenso” se obtiene de “comprar” los votos necesarios a cambio de satisfacer los intereses de los políticos, en ambos lados de la negociación. Es decir, esta no será una decisión apoyada “mayoritariamente”, será una decisión “comprada”.
Muchos analistas nos han advertido ya del riesgo de adquirir una deuda pública externa que podría duplicar en cuatro años el monto existente en la actualidad; y de hacerlo para un plazo de 25 años, lo cual significa que la deberán pagar generaciones futuras con más impuestos. Otra apreciación adicional es que el incremento del gasto público resultado de los recursos provenientes de Petrocaribe generará más inflación, lo cual agravará aún más la ya difícil situación económica. Todos estos aspectos, lógicamente, sacrifican el crecimiento económico.
Por último, también se ha lanzado la advertencia que los fondos provenientes de Petrocaribe serán empleados en iniciativas “clientelistas”, que no son más que otra forma de “comprar” votos para las próximas elecciones, aparte de que no están claros los mecanismos de fiscalización del uso de los mismos.
A muchos nos indigna la actitud de los políticos que sin mayor reparo negocian este tipo de iniciativas en beneficio de sus particulares intereses, pero en detrimento de los intereses generales de la población, actual y futura. Ahora bien, la solución no pasa simplemente por sustituir a la clase política esperando que venga otra que no se comporte de esa manera. La solución realmente consiste en cambiar las reglas constitucionales tan permisivas para las ambiciones de los políticos, a manera de fijarles límites efectivos como garantía de los derechos de la ciudadanía.
La propuesta de Proreforma establece que para aprobar deuda pública o cualquier otra obligación financiera del Estado, se requiere el voto favorable de por lo menos dos terceras partes del total de diputados, lo que haría menos probable y más difícil la negociación y compra de votos, sobre todo si la Cámara de Diputados está balanceada políticamente. Lo mismo aplica para el caso de Impuestos.
La propuesta de Proreforma modifica la elección de Diputados de manera que los electores sabrán por quién votan, por nombre y apellido, y por ende será más fácil deducirles responsabilidades políticas cuando comprometen sus votos por intereses partidarios o particulares.
La propuesta de Proreforma establece que este tipo de Decretos por parte de la Cámara de Diputados tendrá por disposición constitucional una vigencia máxima de 10 años, de manera que se minimiza el impacto de los efectos de estas disposiciones hacia el futuro.
He ahí tres filtros constitucionales que harían sumamente difícil aprobar este tipo de decisiones que van en detrimento del patrimonio de los ciudadanos. Usted puede mejorar la situación del país en que vivimos apoyando los cambios necesarios en la Constitución. Apoye Proreforma.

VIVIR POR DERECHO Y NO DE LA POLÍTICA

“El Congreso guatemalteco atraviesa una crisis, así como los otros parlamentos de los países latinoamericanos, por la falta de representatividad, por deficiencia en las leyes que aprueba y por la debilidad de los partidos políticos, indica un análisis de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes)...”

http://www.prensalibre.com/pl/2008/julio/08/249565.html

“El presidente Álvaro Colom continuó ayer con las reuniones que desde hace dos semanas ha mantenido con líderes de la oposición, en busca de los votos que le ayuden a aprobar las iniciativas de ley de interés del Organismo Ejecutivo…”

http://www.elperiodico.com.gt/es/20080709/pais/60677/

“Colom tiene casi listos los votos para Petrocaribe y el presupuesto. Los bloques de la Gana, el FRG, UCN y Unionistas podrían brindarle el apoyo al Ejecutivo para la aprobación de diferentes iniciativas…”

http://www.elperiodico.com.gt/es/20080711/pais/61130/

“Diputados quieren duplicar deuda política. Subir de $2 a $4 el pago por cada voto recibido, es la reforma avalada por los partidos. Un acuerdo total existe entre los partidos que integran la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso para reformar el artículo 21 de la Ley Electoral, que actualmente establece la obligación del Estado de pagar a los partidos políticos $2 por cada voto recibido…”

http://www.sigloxxi.com/noticias/21650

Noticias como estas son las que a diario desmoralizan por completo a los guatemaltecos, quienes nos hemos realmente acostumbrado a tanta frustración provocada por los políticos de turno.

Nuestra “democracia” no es más que el intercambio de concesiones recíprocas entre políticos que administran cuotas de poder, para su beneficio lógicamente. La función “legislativa” no es otra que la negociación de privilegios en favor de grupos específicos; obras y presupuesto a cambio de votos que interesen al Ejecutivo, o cualquier otra modalidad mediante la cual se “legalicen” las aspiraciones políticas de algún grupo en particular gracias a los “consensos” que se dan entre distintas minorías que juntas y por conveniencia suman “mayorías” en el mejor espíritu de la “democracia representativa”.

Todo ello, en detrimento de los intereses generales de la población, por supuesto.

Hace quince años sufríamos los desmanes de lo que llegó a ser conocido como la “trinca infernal” de aquel Congreso de “los depurables”, quizás el más nefasto de nuestra historia “democrática” y eso ya es decir mucho.

Hace cinco años, en su página editorial, El Periódico lanzaba una advertencia respecto de una “alianza” conformada por tres partidos cuyas “… bancadas sumarían 92 diputados de un total de 158, lo que les asegura la mayoría absoluta en el Congreso…” y cuestionaba si de triunfar un candidato presidencial ajeno a la misma, dicha alianza “¿Estaría asegurando la gobernabilidad, o más bien la ingobernabilidad?”

http://www.elperiodico.com.gt/es/20031226/investigacion/1207/

Hemos ensayado también con las “aplanadoras”, “democráticamente” electas, pero el poder absoluto concentrado en un solo partido ha demostrado ser solo más efectivo en la imposición de intereses particulares, por medio de vías “legales”.

Nuestro grave error como República es que confundimos la política con el derecho, y al Derecho con la politiquería.

Ahora bien, imagínese usted que la base de nuestro ordenamiento Jurídico descansara sobre este ideal: “Es requisito fundamental de la Ley el Principio de Igualdad, en el sentido que no debe otorgar a nadie, ya sea considerado individualmente o grupo, prerrogativas exclusivas o privilegios que no pueda disfrutar cualquier otra persona o grupo que tengan oportunidad de aprovecharlos.”

Usted tiene la oportunidad de cambiar Guatemala con su firma. Apoye ProReforma.
www.proreforma.org.gt

Música Libertaria / Libertarian Music

Hoy estuve en el programa de radio "Todo a Pulmón" con mi amiga Marta Yolanda Díaz Durán. En el entretiempo hablábamos de su nuevo espacio llamado "Ecléctico" y de otra de mis pasiones que es la música, particularmente la guitarra. Le comenté acerca de "Rush" un grupo Canadiense con música progresiva muy buena que además a menudo defiende la libertad individual en sus canciones. Para aquellos que no estén familiarizados con este grupo, he aquí una muestra.

http://www.youtube.com/watch?v=MYzGMxGq9rM

I was on a radio program called "Todo a Pulmón" today with my friend Marta Yolanda Díaz Durán. During breaks we would talk about her new show called "Ecléctico" and about music in general, something which I´m passionate about, particularly playing guitar. I mentioned to her the Canadian band "Rush", whose progressive music is not only very good, but also constantly defends individual freedom in their lyrics. For those of you who may not be familiar with this band here´s a taste.

http://www.youtube.com/watch?v=MYzGMxGq9rM

"Freewill" (Album: "Permanent Waves")

There are those who think that life has nothing left to chance
A host of holy horrors to direct our aimless dance
A planet of play things
We dance on the strings
Of powers we cannot perceive'
The stars aren't aligned
Or the gods are malign...'
Blame is better to give than receive

[Chorus:]
You can choose a ready guide in some celestial voice
If you choose not to decide, you still have made a choice
You can choose from phantom fears and kindness that can kill
I will choose a path that's clear
I will choose freewill

There are those who think
That they were dealt a losing hand
The cards were stacked against them
They weren't born in Lotusland
All preordained
A prisoner in chains
A victim of venomous fate
Kicked in the face
You can't pray for a place
In heaven's unearthly estate

[Chorus]

Each of us
A cell of awareness
Imperfect and incomplete
Genetic blends
With uncertain ends
On a fortune hunt that's far too fleet

[Chorus]

DEMOCRACIA DISFUNCIONAL: CÓMO MEJORAR EL SISTEMA ELECTORAL EN GUATEMALA (*)

Comúnmente se menciona que Guatemala es un país dividido, polarizado. Podríamos afirmar en forma más técnica que en nuestro país se encuentran sustancialmente divididas las preferencias electorales. Se presume a su vez que nuestro sistema democrático debería estar destinado a poder conciliar estas preferencias y a producir políticas públicas de beneficio generalizado para la población. Agregaríamos también que existe una buena cantidad de ofertas electorales que no necesariamente son un reflejo directo de tal dispersión, sino más bien que las mismas se constituyen como vehículos de coyuntura para promover las aspiraciones políticas de personajes específicos. Muestra de ello han sido los procesos de elección presidencial en los cuales se han presentado hasta diecinueve candidatos en una oportunidad, aunque pocos de ellos hayan contado con probabilidades reales de éxito. El Congreso de la República también se pinta como un mosaico político cuyos colores y matices varían constantemente gracias al surgimiento y desaparición de múltiples partidos políticos o al transfuguismo entre sus miembros.

Los resultados de los últimos seis procesos electorales en Guatemala son verdaderamente reveladores en ese sentido. Una gran parte de la población no vio identificada su preferencia electoral en cualquiera de las ofertas presidenciales principales. Así se explica no solo el grado de abstencionismo común a los procesos electorales y mayormente característico de las segundas vueltas de elección presidencial, sino, en un contexto más profundo, el enorme distanciamiento entre el votante y sus gobernantes y representantes. Se presenta entonces nuestra democracia con una debilidad endémica. Primero, en un contexto estrictamente formal, se basa en un sistema de reglas electorales que le dificultan al votante canalizar sus preferencias en forma efectiva. Y más importante aún, se pierde el sentido de representatividad hacia el ciudadano común y el proceso democrático pasa a ser dominado por el interés político, el interés especial o la colusión de ambos.

Así es como llegamos a la conclusión que en Guatemala debemos empezar a pensar en sustituir el sistema electoral actual por uno que corrija las principales deficiencias del mismo y que contribuya a que el votante pueda expresar con mayor fidelidad sus preferencias electorales, con el correspondiente efecto de poder crear una relación más cercana y directa entre el votante, el proceso democrático y las expectativas y resultados que de éste se generan.

Si el Congreso de la República es el eje principal del Sistema Democrático Representativo, el sistema de elección de diputados al Congreso en Guatemala presenta una serie de terribles deficiencias y como consecuencia una mayor disociación entre el votante y el “representante”. La “representatividad” del sistema está definida eminentemente como una relación de proporcionalidad. Sin embargo, resultaría ilógico argumentar que el sistema sería más “representativo” si se incrementara el número de diputados por habitante cuando se consideran las demás variables, principalmente la forma en que son electos.

Para la elección de diputados al Congreso se utiliza el sistema de Representación Proporcional de Minorías (Sistema D´Hont). Este método tiene como finalidad propiciar que puedan optar a una curul partidos minoritarios, respetando siempre un criterio de proporcionalidad de las preferencias de los electores hacia los partidos políticos, no así hacia los candidatos. Bajo esta premisa, cada partido presenta una “lista” o nómina con un número de candidatos equivalente al total de diputados a elegir por cada distrito. Actualmente se eligen 31 diputados por Lista Nacional, quienes no representan distrito alguno, en el Distrito Central que es la ciudad capital se eligen 11 diputados; en el resto de municipios del departamento de Guatemala que conforman otro distrito se eligen 19; en Huehuetenango, 11; Quetzaltenango, 8; Escuintla, 5; Sacatepéquez, 2; por ejemplo. Estos números se incrementarán conforme aumente la población en los respectivos distritos.

De esa forma, en el momento de elegir, el votante se ve enfrentado con la decisión de escoger sólo un partido (lista) en cada una de dos papeletas (Lista Nacional y Lista Distrital de su respectivo departamento) que contienen decenas sino cientos de candidatos. Este mecanismo de elección contribuye enormemente a que se den una serie de consecuencias que en gran medida le restan representatividad al sistema, como las siguientes:

El votante no cuenta con una forma precisa de canalizar sus preferencias. A pesar de que existan varios cargos a elegir, el votante debe escoger en bloque (por partido) y no individualmente a sus representantes. Es decir, si hubiera tres curules en su departamento no puede escoger a los tres “mejores” candidatos por su distrito independientemente de qué partido sean o qué lugar ocupan en el listado. Esto también significa que el votante no puede discriminar negativamente con su voto en contra de algún personaje indeseable que se encuentre incluido en una lista que de otra forma le resultaría atractiva.

Los potenciales candidatos a diputados compiten entre sí a lo interno de sus respectivos partidos para ocupar los lugares más favorables en las respectivas “listas”, sin embargo, esta competencia no es precisamente “democrática” y los puestos generalmente se asignan de acuerdo a los criterios de los órganos directivos de cada partido. Esto a su vez tiene varias consecuencias trascendentales.

Primero, antes que con sus electores, los eventuales diputados adquieren un compromiso fuerte para con el partido que los ubicó en una posición favorable, de manera que su lealtad política generalmente yace con éste y no con sus “representados”. En ese sentido, la “representatividad” tanto en base a criterios “Nacionales” (políticos) como “Distritales” (regionales) se ve seriamente afectada. Como consecuencia de esto también se puede decir que la actividad política se traduce a parámetros esencialmente partidarios, puesto que esta “lealtad” política se convierte en “disciplina” partidaria de manera que los diputados electos se limitan a simplemente obedecer las directrices establecidas por los líderes del partido. Este fenómeno también facilita la consecución de diversos intereses específicos por parte de los distintos partidos políticos en detrimento de los intereses generales de la población, ya que los líderes políticos o jefes de bloque son los que llevan a cabo las respectivas negociaciones políticas a sabiendas que el voto de sus correligionarios está prácticamente garantizado.

Segundo, las posturas políticas o ideológicas de los potenciales diputados no resultan ser tan claras para el elector. Esto es así tanto porque el votante no tiene un mecanismo para recompensar o castigar el “record” de cada diputado respecto de las decisiones que haya tomado en temas específicos ya que no lo elige individualmente. También sucede esto debido a que el diputado tiende a acercarse a un partido más por obtener una posición con altas probabilidades de elección o reelección que por afinidad política o ideológica. Esta circunstancia explica también el fenómeno del transfuguismo que se da con tanta frecuencia en nuestro sistema. Como consecuencia, el votante difícilmente puede esperar que sus preferencias políticas e ideológicas se vean reflejadas en la práctica por los distintos partidos políticos.

Otro aspecto importante es que este sistema produce consecuencias diferentes en la medida en que se elija a un número grande o pequeño de candidatos mediante el mismo. Para el caso de un número reducido de diputados el sistema resulta disfuncional. Un ejemplo podría ser el caso de que se elijan a tres diputados en un distrito y que participen más de diez partidos en la contienda. En este caso el sistema opera como si se tratase de un simple método de mayorías relativas, o sea, en tal caso no hay representación proporcional de minorías. Por el contrario, si el número de diputados a elegir es muy elevado, por ejemplo 31 por el Listado Nacional, el efecto de la representación proporcional de minorías se sobredimensiona. En ese caso, la mayoría de los partidos políticos (alrededor del 65%) tiene probabilidades de colocar por lo menos un diputado al Congreso y lograr su supervivencia política. Esto genera un incentivo para que constantemente se estén formando partidos nuevos, a pesar de que sus planteamientos ideológicos sean similares a los de otros ya existentes, y de que no cuenten con un caudal electoral importante. En ese contexto, únicamente desaparecen del mapa político los partidos marginales que no logran el número mínimo de votos que garantiza una curul. Sin embargo, ello no significa que sus principales figuras no reaparezcan posteriormente en algún “listado” de otro partido.

Como consecuencia de todo lo anterior, se puede argumentar de forma convincente que el mecanismo actual de elección de diputados al Congreso claramente impide que las preferencias de los electores puedan transmitirse en forma efectiva por medio de sus “representantes”.

Para el caso de la elección de diputados al Congreso de la República la principal reforma debe ser conceder al votante la capacidad de elegir a sus representantes por nombre y apellido y no por “listas” anónimas lo cual conlleva todas las consecuencias ya expuestas, teniendo también la potestad de expresar sus preferencias políticas en una nueva dimensión hasta ahora inexistente.

Sin embargo, para que esto sea viable, la implementación del voto uninominal debe ir acompañada de otras reformas complementarias. La más importante tiene que ver con la reducción de los distritos electorales a un tamaño manejable y con un número razonable de candidatos a elegir por cada distrito. Hay distritos electorales que por su población tienen muchos diputados, por ejemplo, distrito central: 11, departamento de Guatemala: 19, Huehuetenango: 10, Quetzaltenango: 8, etc. Si se considera que participan alrededor de 14 partidos políticos, bajo un sistema uninominal, quienes votan en el distrito del departamento de Guatemala deberían escoger, uno por uno a 19 candidatos de entre 266 aspirantes. Eso sería sumamente complicado. La solución pasa por crear distritos electorales más pequeños, por ejemplo, para el caso de Guatemala, el distrito central sería uno y tendría 2 o 3 diputados, luego Amatitlán, Villa Nueva y San Miguel Petapa, por ejemplo podrían ser otro distrito y tendrían otros 2 o 3 diputados; Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Fraijanes serían otro distrito y tendrían 1 o 2 diputados. Lo mismo se podría hacer con los departamentos que tienen más población. Eso haría sumamente más viable el sistema de elección uninominal

Otra reforma importante es establecer un número fijo de diputados al Congreso de manera que proporcionalmente a su población se asigne el número de diputados por distrito. Esto le daría mayor representatividad al sistema sin necesidad de incrementar el número total de diputados conforme crece la población. Con base en las razones antes expuestas, podría fijarse un número de 80 diputados distritales, y que se asigne proporcionalmente el número de diputados de acuerdo a la población de estos nuevos distritos más pequeños. Por ejemplo, hoy en día hay 127 diputados distritales, de ellos, el departamento de Guatemala en su totalidad (distrito central más resto de municipios) tiene 30. Ello equivale al 23.6% del total. Entonces, manteniendo esa proporción, de acuerdo a la población del departamento de Guatemala, se podría multiplicar ese porcentaje por el número fijo de diputados (23.6% por 80) y tendríamos que al departamento de Guatemala corresponderían 18 diputados de los 80. Estos se distribuirían proporcionalmente a la población entre los varios distritos ahora más pequeños como mencionaba anteriormente.

Esta idea tiene otra ventaja. Como la Constitución establece que los diputados por Lista Nacional equivalen al 25% del número de diputados Distritales, entonces tendríamos un número fijo de 20 (25% de 80) diputados por Lista Nacional. Esto tiene otra gran ventaja en si mismo. Actualmente conforme va creciendo el número de diputados también crece el número (aunque la proporción se mantenga) de diputados por Lista Nacional. Esto ha significado que cada vez se formen más y más partidos pequeños porque conforme el número de diputados crece cada partidito pequeño tiene mayores probabilidades de colar por lo menos un diputado a la Lista Nacional, entonces se sobredimensiona el concepto de "representación proporcional de minorías" porque muchos partidos, aunque tengan una intención de voto muy baja logran "colar", por así decirlo al menos un diputado a la lista nacional. Eso ha afectado notablemente la operatividad del congreso, debido a la diversidad de intereses que se negocian de forma imperceptible para el elector.

Eventualmente habrá que considerar la conveniencia de preservar dos bases de representación diferentes, criterio político (diputados por Lista Nacional) y criterio geográfico (diputados por distrito), puesto que no tiene sentido que los mismos sean incluidos en la misma cámara legislativa pues se destruye el propósito de hacer esa separación de criterios. En ese caso podría pensarse en un sistema bicameral bajo parámetros diferentes o en eliminar el criterio de Lista Nacional. Una propuesta totalmente innovadora y sumamente valiosa en ese sentido es la formulada por ProReforma (**) que divide el Congreso en una cámara que trata sobre asuntos eminentemente jurídicos, y otra que aborda los temas propios de la actividad política, un concepto verdaderamente innovador que abordaré en otra oportunidad.

En conclusión, es imprescindible reformar nuestro sistema electoral para dotar al esquema político guatemalteco de un nuevo dinamismo mediante el cual los electores podrán expresar de forma más fiel y genuina sus preferencias políticas, como paso para desarrollar un proceso democrático más representativo, razonable y efectivo.


(*) Este artículo es una adaptación de una conferencia titulada “Las Preferencias de los Votantes y los Sistemas Electorales: Una Propuesta”, la cual impartí dentro del VI Seminario Interuniversitario del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas. La conferencia se encuentra disponible en el sitio del Centro de Recursos Digitales New Media de la Universidad Francisco Marroquín, en la siguiente dirección:

http://newmedia.ufm.edu/baldizonsistemaeleccion

(**) Para mayor información le recomiendo que visite: http://www.proreforma.org.gt/

CÓMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN GUATEMALA

El tema del transporte urbano en la Ciudad de Guatemala ha cobrado gran relevacia en los últimos días. El actual sistema estrictamente regulado, con condiciones monopólicas establecidas por ley, ha conducido a que en la práctica opere un "servicio" en forma terriblemente ineficiente, y que además de ser insostenible, es absolutamente injusto pues el subsidio al transporte capitalino "barato" en gran medida lo pagan los ciudadanos del interior del país, los verdaderamente más pobres, mediante sus impuestos.

El 16 de abril tuve la oportunidad de dictar una conferencia respecto del tema, proponiendo las soluciones más relevantes a efecto de que mediante la libre competencia se mejore la calidad del servicio y se eficientice la prestación del mismo.

No se puede ofrecer que mediante la competencia de mercado necesariamente bajarán los precios, o que los mismos no se incrementarán más allá de la tarifa actual de Q1.00. Pero si se puede argumentar categóricamente que esta sería una situación más justa, puesto que no se estaría trasladando el costo real de la operación a personas que ni siquiera utilizan el servicio, que son los ciudadanos del interior del país.

También vale la pena resaltar que para muchas personas de clase media que utilizan el transporte público, hoy en día, la elección es entre un pesimo servicio a Q1.00 o usar su carro a Q32.00 el galón de gasolina. El hecho que a pesar de ello se vean tantos carros en la calle es prueba que mucha gente si valora el transporte, pero al no contar con un servicio colectivo seguro, cómodo y eficiente, prefiere gastar unos Q30.00 o más diarios en gasolina en vez de arriesgarse. Conclusión: si hubiera un mercado más abierto podría haber buses de mejor categoría que quizá costarían entre Q5.00 y Q.10.00, pero para mucha gente esto realmente sería un ahorro, no un incremento, al dejar sus carros guardados. Pero para que esta oportunidad exista si hay que liberalizar el servicio y las tarifas.

Si le interesa ver la conferencia, lo invito a que visite la página del Centro de Recursos Digitales "New Media" de la Universidad Francisco Marroquín, en la siguiente dirección:

http://newmedia.ufm.edu/balizontransporteurbano

NO HABRÁ PENA DE MUERTE PARA LOS ASESINOS DE MUJERES

El Congreso de la República aprobó abrumadoramente el 9 de éste mes la comúnmente denominada “Ley en contra del Feminicidio.” Entre otros temas que ameritan una discusión aparte, se creó una nueva figura delictiva denominada Feminicidio que en general se define como un homicidio calificado cometido en contra de una mujer bajo la premisa que constituyen circunstancias agravantes para el homicidio de una mujer las relaciones desiguales de poder en las que la mujer está en una posición de debilidad frente a su agresor. Esta premisa de desigualdad de género definida de forma tan general conducirá a las consecuencias jurídicas siguientes.

En virtud de la Convención Interamericana de Derechos Humanos nuestro ordenamiento jurídico no permite que se establezca la pena de muerte para delitos fuera de los que ya la tuvieran contemplada previo a la vigencia del tratado. En congruencia, la pena máxima establecida por los legisladores para el nuevo delito ha sido 50 años de cárcel.

Al definirse legalmente el Feminicidio como un tipo más específico de los homicidios calificados, dentro de los cuales se encuentra el Asesinato, podrá argumentarse que cualquier caso en que un hombre diera muerte a una mujer, encajaría dentro de la figura de Feminicidio (más específico) y no Asesinato (más general), sobre todo si se aplican las nociones legales que las disposiciones específicas de las leyes prevalecen sobre las generales, e in dubio pro reo.

De esa manera, los defensores de asesinos de mujeres tendrán un argumento jurídico para que los responsables de dichas muertes deban enfrentar una pena máxima de 50 años de cárcel, y no la pena de muerte como sería el caso si hubieren asesinado a un hombre.

Puede agregarse, también que nuestra Constitución establece que la ley no es retroactiva, “salvo en materia penal cuando favorezca al reo”, por lo que al haberse reducido legalmente la pena para los asesinos de mujeres, cualquiera que hubiera cometido semejante acción, estuviere o no sentenciado, e incluso condenado a muerte, podrá argumentar que no deberá purgar más de 50 años de cárcel, y aquellos condenados a muerte por estos crímenes habrán automáticamente recibido un indulto.

Si se considera que son la Violación Calificada y el Secuestro los otros delitos comunes que tienen prevista la pena de muerte, con esta ley se habrá generado para los agresores de mujeres el incentivo siguiente: Si una persona Viola o Secuestra a una mujer puede enfrentar la pena de muerte. Pero, si además de agredirla la mata tendrá un argumento para sólo enfrentar un máximo de 50 años de prisión. Cualquier infeliz delincuente también entenderá que la posibilidad de que su víctima lo reconozca e identifique, así aumentando la probabilidad de una condena por Secuestro o Violación Calificada, se elimina si a su vez él elimina a su víctima.

Por último, de cobrar vigencia esta ley, aunque fuere temporalmente, podrá argumentarse posteriormente que mediante la misma se abolió la pena de muerte para quienes asesinan a mujeres, por lo que será jurídicamente imposible restituirla para estos casos al tenor de establecido en el Pacto de San José.

Otro caso más de consecuencias prácticas no previstas o no intencionadas por los legisladores quienes se dejan llevar, sin razonar sus actos, por tendencias de moda, ideologías retrógradas o equivocadas, o simplemente por la presión de grupos de interés que sobreviven merced a impulsar sus agendas particulares por medio de la actividad política en nuestro país.

CRISIS DE SEGURIDAD VERSUS JUECES "GARANTISTAS"

En nuestra tradición jurídica subyace la idea de ver la legislación como el instrumento con el cual se pretende brindar solución a diversos problemas sociales. La reforma legislativa ha resultado ser la práctica más aceptada para resolver todo tipo de crisis. La prórroga del IETAAP, la Ley de Adopciones y la creación de la CICIG, son claros ejemplos. La función del Juez ha sido relegada a la simple aplicación de fórmulas prescritas por Legisladores

Fieles a esa idea, los congresistas evalúan la conveniencia de reformar la legislación penal ante la insufrible inseguridad que vivimos. El Partido Unionista ha propuesto una iniciativa para endurecer las penas y eliminar la aplicación de las medidas sustitutivas para los delitos de extorsión y portación ilegal de armas, puesto que, según declaró el diputado Mariano Rayo, la nueva ley de Armas y Municiones está lejos de ser aprobada. Por su parte, la activista Helen Mack sostuvo que esta no es la solución pues según ella de nada serviría llenar las cárceles si no se fortalece el sistema penitenciario. http://www.elperiodico.com.gt/es/20080211/pais/48488/

Lo cierto es que la solución de fondo recae en asumir un compromiso serio y de largo plazo para fortalecer verdaderamente las instituciones de justicia: Organismo Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, etc. Dicha obligación corresponde principalmente al Congreso de la República, empezando por los presupuestos que decidan conferirles a estas instituciones.

Ahora bien, en cuanto al impacto de corto plazo, la debilidad actual del sistema de justicia no se encuentra tanto en la falta de paliativos como éste por parte del Congreso, como en el carácter doblemente “garantista” del sistema judicial. Un código procesal penal “nuevo” de espíritu acusatorio y garantista dejó atrás aquellas prácticas inquisitivas de apresar “culpables” mientras lograban demostrar su inocencia. Reformas legislativas en su momento necesarias pero sobre cuya aplicación los jueces penales han exagerado.

Así nos encontramos con “supuestos” delincuentes reincidentes que luego de más de veinte ingresos, es decir, luego de que han sido detenidos por la comisión de algún crimen en más de veinte ocasiones, los jueces obedientes al espíritu de la ley los dejan nuevamente en “libertad” tras del pago de cauciones económicas risibles. Hacia el final de los procesos penales, el exagerado formalismo legalista ha sustituido al sentido común y la sana crítica para que en muchas ocasiones, bajo la excusa de acusaciones deficientes, se traslade la culpa al Ministerio Público, y se absuelva con base en tecnicismos.

La ley procesal penal es “garantista” pero los jueces le han dado un carácter dual al sobredimensionar su aplicación. El resultado: Guatemala es el país donde los delitos nunca se condenan y la impunidad reina.

Así las instituciones del Estado pueden asumir una doble tarea, como punto de partida únicamente. La Corte Suprema de Justicia debe velar porque los jueces apliquen la ley, pero sin perder de vista la finalidad fundamental del derecho: la Justicia. Deben retomar conciencia de cuál es su función principal y asumir la responsabilidad que les confiere su investidura. Cabe preguntar qué tan necesaria sería la reforma legislativa planteada si los jueces penales se atreviesen a dictar medidas más severas, que desde luego tendrían un efecto preventivo muy importante, en contra de delincuentes reincidentes, sin que ello implique violar el debido proceso y la presunción de inocencia.

Por su parte, el Congreso de la República puede reformar la legislación penal, para establecer de una forma más adecuada y razonable los criterios bajo los cuales podrá concederse una medida sustitutiva, en casos de reos con múltiples ingresos, por ejemplo, o si es necesario que la obligación de imponer la prisión preventiva se haga extensiva a otros delitos, más allá de asesinato, robo agravado, violación, secuestro y temas de narcotráfico.

En cualquier caso, bajo la premisa de la naturaleza de nuestro sistema jurídico, es importante que existan los instrumentos legales que logren que la justicia sea efectiva. Sólo con justicia certera se puede resolver la crisis de inseguridad.

Valores y Desarrollo

Es innegable el origen eminentemente teológico y la naturaleza característicamente cristiana de los valores fundamentales de la cultura occidental. El mundo occidental hoy desarrollado y próspero surgió del producto del aprecio a la preeminencia del ser humano en el plano más elemental, y como consecuencia de ello, del desarrollo del respeto a la propiedad privada y libertad individual. Evidencia de ello son la Revolución Comercial y posteriormente la Industrial, expresiones notables del capitalismo occidental. Lo mismo podría decirse del renacentismo de corte humanista en el campo de las artes, así como de la Revolución Científica en la búsqueda del conocimiento. Aquellos principios de la "Ley Natural" sirvieron también para redefinir las instituciones políticas que fueron encontrando en las formas de gobierno republicano, democrático, participativo, con los diversos matices adoptados, los mecanismos de resguardo de los derechos ciudadanos, como un triunfo sobre los esquemas absolutistas o feudales del pasado. Dos más de las Revoluciones occidentales más trascendentes, ahora de carácter político, son la Americana y la Francesa. La República Federal inspirada en la idea de gobierno limitado y respeto irrestricto al derecho individual y la República Democrática basada en la participación mayoritaria y la universalidad de los derechos del hombre han dejado un legado trascendental al mundo occidental.
En un primer embate a sus pilares fundamentales, occidente hubo de soportar el peso de la ideología socialista sumada al nacionalismo del todo injustificable; sin embargo, a pesar de las desaveniencias, concluída la guerra fría puede decirse que occidente resistió.
El occidente "liberal" de la post modernidad parece sin embargo haber olvidado las raíces de su éxito, y, sin necesidad de denunciar una "crisis" de valores, gran parte de esta cultura se encamina hacia un movimiento secular progresista "liberal" en el sentido moderno, o sea que no acepta las imposiciones morales conservadoras en la vida privada de las personas, pero que es a su vez sumamente intolerante con todo aquello que no se adecúa a la visión "políticamente correcta", en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ambiental, por ejemplo.
El gran reto para occidente es cómo rescatar aquellos valores que han probado su eficiencia, cómo readecuar sus instituciones políticas en función de los principios básicos que lo llevaron al lugar prominente en el orden mundial.

PRESIDENTE COLOM: EMPIECE POR LO MÁS FÁCIL

Son tantos los problemas que aquejan a Guatemala que con los ojos de una nación encima y tantas expectativas de un pueblo tristemente acostumbrado a la desilusión, no lo envidio por el enorme desafío que asume, pero si me permito hacerle una sugerencia. Empiece por lo más fácil, la economía.

Lo más fácil porque la posibilidad de resolver problemas más difíciles y complejos como los de seguridad, educación y salud, se potencializa cuando la economía se fortalece. Lo más fácil porque los resultados de una economía en auge son visibles en un relativo corto plazo, y fácilmente reconocidos por la opinión pública. Lo más fácil porque nada más depende de tener la voluntad política y la determinación de tomar las decisiones correctas, de su liderazgo.

Nada produce consecuencias más inmediatas, fácilmente perceptibles y agradecidas por el ciudadano común que la apertura comercial. Empiece por abrir nuestras fronteras al comercio mundial. El ciudadano de clase media o baja (que también cuenta) verá su nivel de vida mejorado de la noche a la mañana pudiendo adquirir productos que hasta hoy son un lujo; el pobre, lo que sólo había soñado; el más pobre, en él concentre sus esfuerzos y verá cómo le alcanzan los recursos.

¿Es muy difícil romper las estructuras monopólicas y proteccionistas de la oligarquía? Para usted es más fácil, ellos no lo eligieron.

No tiene sentido castigar a una buena parte de la clase trabajadora, en servicios, en industria, por ejemplo, negándoles la posibilidad de mejorar sus ingresos y su bienestar mientras sigan condenados a esquemas laborales diseñados como respuesta ideológica al cuasi-feudalismo que era la generalidad en otra época. Procure adecuar la legislación laboral para que responda a las necesidades de flexibilidad y dinamismo que se requiere en la actualidad. Esto beneficiará a millones de trabajadores.

¿Es muy difícil abandonar las posturas ideológicas? ¿Aquellas conquistas por las que militan los pseudo defensores de éste grupo, los que no evolucionan en aras de conservar sus privilegios y beneficios? Para usted es más fácil porque lo entiende.

Disciplina fiscal y estabilidad monetaria, dos conceptos ajenos a aquellos políticos acostumbrados a gastar insensatamente lo que nada les ha costado. No caiga en la tentación. De “Inversión Social” se está a un corto paso de ineficiencia, despilfarro y corrupción. Priorice y sea mesurado con el gasto. Nada le hace más daño a los más pobres, social-demócratas o no, que la inflación. Una moneda sana y estable permite el ahorro, la inversión y el desarrollo de todos.

Finalmente, comprendemos que es muy difícil llevar a cabo reformas significativas e implementar políticas que representen cambios de fondo y trascendentales. Pero, para usted es más fácil porque ahora tiene la oportunidad de hacerlo. No la desperdicie.