El Presidente Colom suscribió con el Gobierno de Venezuela un acuerdo mediante el cual Guatemala se adhiere a la iniciativa denominada “Petrocaribe”, y ahora busca la aprobación de dicho convenio en el Congreso. En teoría, mediante este programa el gobierno, mediante una nueva empresa estatal, podrá adquirir combustibles, para posteriormente comercializarlos en el mercado interno, bajo las condiciones, supuestamente favorables, en el sentido que debe pagar el equivalente al 40% del costo en forma inmediata, el saldo (60%) será financiado por un plazo de 25 años a una tasa de interés del uno por ciento anual.
Actualmente el Ejecutivo cuenta con los votos de los diputados de la bancada oficial, lógicamente, y busca obtener los votos adicionales suficientes para alcanzar la mayoría necesaria (mitad más uno) del total de Diputados. No es de extrañarse que a cambio de dichos votos el partido oficial haya realizado ofrecimientos que esencialmente consisten en concederle alrededor de uno punto cinco millones de Quetzales a cada diputado, e incluso alcaldes, de otras bancadas, para que estos los destinen a obras que sean de su interés.
Antes de considerar las consecuencias económicas, primero merece la pena advertir que mediante este tipo de negociaciones se burla fácilmente el ideal del sistema “democrático” representativo, puesto que el “consenso” se obtiene de “comprar” los votos necesarios a cambio de satisfacer los intereses de los políticos, en ambos lados de la negociación. Es decir, esta no será una decisión apoyada “mayoritariamente”, será una decisión “comprada”.
Muchos analistas nos han advertido ya del riesgo de adquirir una deuda pública externa que podría duplicar en cuatro años el monto existente en la actualidad; y de hacerlo para un plazo de 25 años, lo cual significa que la deberán pagar generaciones futuras con más impuestos. Otra apreciación adicional es que el incremento del gasto público resultado de los recursos provenientes de Petrocaribe generará más inflación, lo cual agravará aún más la ya difícil situación económica. Todos estos aspectos, lógicamente, sacrifican el crecimiento económico.
Por último, también se ha lanzado la advertencia que los fondos provenientes de Petrocaribe serán empleados en iniciativas “clientelistas”, que no son más que otra forma de “comprar” votos para las próximas elecciones, aparte de que no están claros los mecanismos de fiscalización del uso de los mismos.
A muchos nos indigna la actitud de los políticos que sin mayor reparo negocian este tipo de iniciativas en beneficio de sus particulares intereses, pero en detrimento de los intereses generales de la población, actual y futura. Ahora bien, la solución no pasa simplemente por sustituir a la clase política esperando que venga otra que no se comporte de esa manera. La solución realmente consiste en cambiar las reglas constitucionales tan permisivas para las ambiciones de los políticos, a manera de fijarles límites efectivos como garantía de los derechos de la ciudadanía.
La propuesta de Proreforma establece que para aprobar deuda pública o cualquier otra obligación financiera del Estado, se requiere el voto favorable de por lo menos dos terceras partes del total de diputados, lo que haría menos probable y más difícil la negociación y compra de votos, sobre todo si la Cámara de Diputados está balanceada políticamente. Lo mismo aplica para el caso de Impuestos.
La propuesta de Proreforma modifica la elección de Diputados de manera que los electores sabrán por quién votan, por nombre y apellido, y por ende será más fácil deducirles responsabilidades políticas cuando comprometen sus votos por intereses partidarios o particulares.
La propuesta de Proreforma establece que este tipo de Decretos por parte de la Cámara de Diputados tendrá por disposición constitucional una vigencia máxima de 10 años, de manera que se minimiza el impacto de los efectos de estas disposiciones hacia el futuro.
He ahí tres filtros constitucionales que harían sumamente difícil aprobar este tipo de decisiones que van en detrimento del patrimonio de los ciudadanos. Usted puede mejorar la situación del país en que vivimos apoyando los cambios necesarios en la Constitución. Apoye Proreforma.
Actualmente el Ejecutivo cuenta con los votos de los diputados de la bancada oficial, lógicamente, y busca obtener los votos adicionales suficientes para alcanzar la mayoría necesaria (mitad más uno) del total de Diputados. No es de extrañarse que a cambio de dichos votos el partido oficial haya realizado ofrecimientos que esencialmente consisten en concederle alrededor de uno punto cinco millones de Quetzales a cada diputado, e incluso alcaldes, de otras bancadas, para que estos los destinen a obras que sean de su interés.
Antes de considerar las consecuencias económicas, primero merece la pena advertir que mediante este tipo de negociaciones se burla fácilmente el ideal del sistema “democrático” representativo, puesto que el “consenso” se obtiene de “comprar” los votos necesarios a cambio de satisfacer los intereses de los políticos, en ambos lados de la negociación. Es decir, esta no será una decisión apoyada “mayoritariamente”, será una decisión “comprada”.
Muchos analistas nos han advertido ya del riesgo de adquirir una deuda pública externa que podría duplicar en cuatro años el monto existente en la actualidad; y de hacerlo para un plazo de 25 años, lo cual significa que la deberán pagar generaciones futuras con más impuestos. Otra apreciación adicional es que el incremento del gasto público resultado de los recursos provenientes de Petrocaribe generará más inflación, lo cual agravará aún más la ya difícil situación económica. Todos estos aspectos, lógicamente, sacrifican el crecimiento económico.
Por último, también se ha lanzado la advertencia que los fondos provenientes de Petrocaribe serán empleados en iniciativas “clientelistas”, que no son más que otra forma de “comprar” votos para las próximas elecciones, aparte de que no están claros los mecanismos de fiscalización del uso de los mismos.
A muchos nos indigna la actitud de los políticos que sin mayor reparo negocian este tipo de iniciativas en beneficio de sus particulares intereses, pero en detrimento de los intereses generales de la población, actual y futura. Ahora bien, la solución no pasa simplemente por sustituir a la clase política esperando que venga otra que no se comporte de esa manera. La solución realmente consiste en cambiar las reglas constitucionales tan permisivas para las ambiciones de los políticos, a manera de fijarles límites efectivos como garantía de los derechos de la ciudadanía.
La propuesta de Proreforma establece que para aprobar deuda pública o cualquier otra obligación financiera del Estado, se requiere el voto favorable de por lo menos dos terceras partes del total de diputados, lo que haría menos probable y más difícil la negociación y compra de votos, sobre todo si la Cámara de Diputados está balanceada políticamente. Lo mismo aplica para el caso de Impuestos.
La propuesta de Proreforma modifica la elección de Diputados de manera que los electores sabrán por quién votan, por nombre y apellido, y por ende será más fácil deducirles responsabilidades políticas cuando comprometen sus votos por intereses partidarios o particulares.
La propuesta de Proreforma establece que este tipo de Decretos por parte de la Cámara de Diputados tendrá por disposición constitucional una vigencia máxima de 10 años, de manera que se minimiza el impacto de los efectos de estas disposiciones hacia el futuro.
He ahí tres filtros constitucionales que harían sumamente difícil aprobar este tipo de decisiones que van en detrimento del patrimonio de los ciudadanos. Usted puede mejorar la situación del país en que vivimos apoyando los cambios necesarios en la Constitución. Apoye Proreforma.
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