Aparentemente éste es el tema central de la discusión respecto de las adopciones en nuestro país. Por un lado, los políticos y algunos grupos de interés se empecinan en señalar lo lucrativo que puede ser este “negocio” para algunos notarios que se dedican a “buscar vientres en alquiler”, “engañar mujeres”, “comprar niños” y “engordarlos para la venta”, o incluso llegar a extremos de falsificar la documentación requerida para extraerlos del país ilegalmente.
Del otro lado, desde luego están quienes aducen que esta es una actividad loable que persigue en última instancia un mayor nivel de bienestar para un niño desamparado, y, por supuesto, que como todo servicio profesional es “debidamente” remunerado.
Así se define entonces la batalla, entre quienes se oponen al enriquecimiento de algunos notarios por medio del “negocio” de la adopción y quienes defienden la “función social” que representa el ejercicio de su profesión en este caso. Los guatemaltecos asumen generalmente cualquiera de estas dos posturas, mayoritariamente la primera diría yo. Independientemente de ello, los políticos, que al final ostentan el poder, llevan siempre las de ganar.
Pregunto a la opinión pública si la razón o la experiencia caben en este debate o si se trata como en tantos otros casos de un conflicto entre intereses.
Recuerdo a la opinión pública que serán niños huérfanos los que acarrearán con el costo de la decisión final, sea cual fuere la que gane.
Nadie puede justificar moralmente utilizar vidas humanas desamparadas como mercancía. La prostitución, por ejemplo, aunque para algunos moralmente deplorable y para otros no, de alguna medida se puede tolerar en una sociedad puesto que a pesar que significa que la persona humana es el objeto que se intercambia por dinero, al final es una decisión entre adultos que voluntariamente otorgan su consentimiento. Ahora bien, cuando una madre deliberadamente entrega a un hijo a cambio de dinero, así sea un intercambio voluntario, el objeto de lucro es de nuevo una persona humana, pero que en este caso está totalmente desprotegida ante tal transacción, a pesar que se pueda argumentar que probablemente se le brindará una mejor oportunidad de vida a la larga.
Hago esta comparación para que tengamos alguna perspectiva respecto de hasta dónde se extienden los límites de la libertad. Por principio, deberíamos tener claro que la vida humana, particularmente la de un menor de edad, no es objeto de comercio. Por similares razones tampoco puede justificarse el aborto, por ejemplo, pues se está decidiendo por sobre la vida de alquien cuyo derecho nunca se toma en cuenta.
La Adopción es una institución del derecho de familia, del derecho civil, del derecho privado, que cumple una función social importantísima, dar oportunidad a quienes la han perdido. En el caso de niños húerfanos que no cuentan con un tutor legalmente instituido la adopción resulta ser la solución más humanitaria y viable para proporcionarles las bondades de la vida familiar. Cuando se trata de niños cuyos padres por razones justificables no desean o no pueden crear, la adopción puede significar una mejor esperanza de vida. En cambio cuando el propósito es negociar con una vida humana, y principalmente porque se trata de un menor, la adopción se convierte en un fraude.
En tal sentido, la función de la Ley y del Estado debe ser siempre velar por el mejor interés del menor, no se puede permitir que se negocie con vidas humanas, pero tampoco puede negárseles una legítima oportunidad de devolverles la esperanza.
Así es como deberían evolucionar nuestras instituciones jurídicas, en aras de preservar un sabio mecanismo constituido para proteger a los más indefensos dentro de nuestra sociedad. En nuestro país la institución civil de la Adopción se encuentra bastante bien desarrollada, y desde luego habrá qué reconocer que la legislación y sobre todo los procedimientos son siempre perfectibles. Pero se debe también tomar muy en cuenta que es la falta de cumplimiento y burla de los actuales mecanismos legales nuestro principal problema, y que muchos, al no entender ésta situación, pretenden curar la enfermedad atacando los síntomas.
Ahora bien, lo que está en juego en Guatemala es algo completamente diferente. En términos de la opinión pública la postura menos defendible, por ponerlo de alguna manera, es la que pretende no limitar la actual función del Notario en los procesos de adopción de manera que los notarios puedan continuar con su actividad profesional que por cierto puede ser bastante lucrativa. La postura más aceptada, pero más importante, la que los políticos han respaldado, es la que habrá de concederle un monopolio legal a alguna entidad estatal burocrática que se hará cargo de todos los procesos de adopción en nuestro país.
Es el precio de un niño lo que indudablemente se reclama. Los miles de dólares que perciben los notarios y las madres, desalmadas muchas, que entregan a sus hijos a cambio de alguna remuneración, versus las decenas de millones de Quetzales que gastará la burocracia, irremediablemente ineficiente, en “regular” las adopciones.
Cuantiosos honorarios profesionales para los notarios o jugosos presupuestos para los políticos y burócratas, ese es el precio que han de pagar los huérfanos en Guatemala.
Lo pagarán seguramente con sus vidas, puesto que en los países en que reformas de ésta naturaleza se han implementado las adopciones prácticamente han desaparecido. El Estado nunca ha sido buen administrador y no tiene por qué serlo en este caso. Bajo este régimen los huerfanos deberán entrar en una tutela monopólica del estado que no funcionará más que para terminar de destruir sus ya trágicas vidas. Aquellas adopciones que si se den serán seguramente el resultado de acuerdos corruptos entre corruptos burócratas con discrecionalidad y corruptores intermediadores que probablemente sean los mismos notarios que hoy quebrantan la ley.
Únicamente se habrá elevado el precio para el niño en adopción.
Si el interés de los menores habría de prevalecer, deberíamos entonces discutir cómo mejorar los mecanismos para efectivamente protegerlos. Jueces de familia, de menores y trabajadores sociales mejor capacitados y dotados de más recursos; procedimientos más transparentes; competencias mejor definidas tanto en el ámbito territorial como material, de manera de acercar el procedimiento al más afectado, el menor; más eficiente persecución y mayor sanción a los que criminalizan la adopción; son solo algunas sugerencias.
El rumbo que hasta ahora nuestro país ha tomado no tiene sentido, sólo significa castigar a miles de niños para eliminar el problema ocasionado por algunos Notarios y madres inescrupulosas, el precio es muy alto y lo pagan los más débiles.
Del otro lado, desde luego están quienes aducen que esta es una actividad loable que persigue en última instancia un mayor nivel de bienestar para un niño desamparado, y, por supuesto, que como todo servicio profesional es “debidamente” remunerado.
Así se define entonces la batalla, entre quienes se oponen al enriquecimiento de algunos notarios por medio del “negocio” de la adopción y quienes defienden la “función social” que representa el ejercicio de su profesión en este caso. Los guatemaltecos asumen generalmente cualquiera de estas dos posturas, mayoritariamente la primera diría yo. Independientemente de ello, los políticos, que al final ostentan el poder, llevan siempre las de ganar.
Pregunto a la opinión pública si la razón o la experiencia caben en este debate o si se trata como en tantos otros casos de un conflicto entre intereses.
Recuerdo a la opinión pública que serán niños huérfanos los que acarrearán con el costo de la decisión final, sea cual fuere la que gane.
Nadie puede justificar moralmente utilizar vidas humanas desamparadas como mercancía. La prostitución, por ejemplo, aunque para algunos moralmente deplorable y para otros no, de alguna medida se puede tolerar en una sociedad puesto que a pesar que significa que la persona humana es el objeto que se intercambia por dinero, al final es una decisión entre adultos que voluntariamente otorgan su consentimiento. Ahora bien, cuando una madre deliberadamente entrega a un hijo a cambio de dinero, así sea un intercambio voluntario, el objeto de lucro es de nuevo una persona humana, pero que en este caso está totalmente desprotegida ante tal transacción, a pesar que se pueda argumentar que probablemente se le brindará una mejor oportunidad de vida a la larga.
Hago esta comparación para que tengamos alguna perspectiva respecto de hasta dónde se extienden los límites de la libertad. Por principio, deberíamos tener claro que la vida humana, particularmente la de un menor de edad, no es objeto de comercio. Por similares razones tampoco puede justificarse el aborto, por ejemplo, pues se está decidiendo por sobre la vida de alquien cuyo derecho nunca se toma en cuenta.
La Adopción es una institución del derecho de familia, del derecho civil, del derecho privado, que cumple una función social importantísima, dar oportunidad a quienes la han perdido. En el caso de niños húerfanos que no cuentan con un tutor legalmente instituido la adopción resulta ser la solución más humanitaria y viable para proporcionarles las bondades de la vida familiar. Cuando se trata de niños cuyos padres por razones justificables no desean o no pueden crear, la adopción puede significar una mejor esperanza de vida. En cambio cuando el propósito es negociar con una vida humana, y principalmente porque se trata de un menor, la adopción se convierte en un fraude.
En tal sentido, la función de la Ley y del Estado debe ser siempre velar por el mejor interés del menor, no se puede permitir que se negocie con vidas humanas, pero tampoco puede negárseles una legítima oportunidad de devolverles la esperanza.
Así es como deberían evolucionar nuestras instituciones jurídicas, en aras de preservar un sabio mecanismo constituido para proteger a los más indefensos dentro de nuestra sociedad. En nuestro país la institución civil de la Adopción se encuentra bastante bien desarrollada, y desde luego habrá qué reconocer que la legislación y sobre todo los procedimientos son siempre perfectibles. Pero se debe también tomar muy en cuenta que es la falta de cumplimiento y burla de los actuales mecanismos legales nuestro principal problema, y que muchos, al no entender ésta situación, pretenden curar la enfermedad atacando los síntomas.
Ahora bien, lo que está en juego en Guatemala es algo completamente diferente. En términos de la opinión pública la postura menos defendible, por ponerlo de alguna manera, es la que pretende no limitar la actual función del Notario en los procesos de adopción de manera que los notarios puedan continuar con su actividad profesional que por cierto puede ser bastante lucrativa. La postura más aceptada, pero más importante, la que los políticos han respaldado, es la que habrá de concederle un monopolio legal a alguna entidad estatal burocrática que se hará cargo de todos los procesos de adopción en nuestro país.
Es el precio de un niño lo que indudablemente se reclama. Los miles de dólares que perciben los notarios y las madres, desalmadas muchas, que entregan a sus hijos a cambio de alguna remuneración, versus las decenas de millones de Quetzales que gastará la burocracia, irremediablemente ineficiente, en “regular” las adopciones.
Cuantiosos honorarios profesionales para los notarios o jugosos presupuestos para los políticos y burócratas, ese es el precio que han de pagar los huérfanos en Guatemala.
Lo pagarán seguramente con sus vidas, puesto que en los países en que reformas de ésta naturaleza se han implementado las adopciones prácticamente han desaparecido. El Estado nunca ha sido buen administrador y no tiene por qué serlo en este caso. Bajo este régimen los huerfanos deberán entrar en una tutela monopólica del estado que no funcionará más que para terminar de destruir sus ya trágicas vidas. Aquellas adopciones que si se den serán seguramente el resultado de acuerdos corruptos entre corruptos burócratas con discrecionalidad y corruptores intermediadores que probablemente sean los mismos notarios que hoy quebrantan la ley.
Únicamente se habrá elevado el precio para el niño en adopción.
Si el interés de los menores habría de prevalecer, deberíamos entonces discutir cómo mejorar los mecanismos para efectivamente protegerlos. Jueces de familia, de menores y trabajadores sociales mejor capacitados y dotados de más recursos; procedimientos más transparentes; competencias mejor definidas tanto en el ámbito territorial como material, de manera de acercar el procedimiento al más afectado, el menor; más eficiente persecución y mayor sanción a los que criminalizan la adopción; son solo algunas sugerencias.
El rumbo que hasta ahora nuestro país ha tomado no tiene sentido, sólo significa castigar a miles de niños para eliminar el problema ocasionado por algunos Notarios y madres inescrupulosas, el precio es muy alto y lo pagan los más débiles.
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