CACIF Y GOBIERNO: ODIO Y AMOR

El CACIF tan generoso ahora decidió apoyar la nueva apuñalada fiscal que pretende la UNE, que por cierto muchos, ya sea por ingenuos o por mal intencionados, insisten en llamar "modernización” fiscal. Por supuesto que este asunto no está "cocinado" para el gobierno puesto que aún les queda comprar los votos necesarios en el Congreso de las bancadas que se están haciendo "las difíciles". ¿O qué, pensaron que todo lo que ofrecieron a cambio de que se aprobara el presupuesto sería suficiente para garantizar votos ilimitada e incondicionalmente?

El CACIF, por su parte, como siempre tan complaciente con el Gobierno. Cuando les conviene. Cuántos años no le aguantaron a Berger el inconstitucional IETAAP, por ejemplo. Ahora, muy conscientes ellos de la crisis económica resultan convencidos que sólo mediante el incremento de impuestos se pueden recaudar los suficientes fondos públicos necesarios para que vía el gasto público excesivo se reactive la economía.

La única condición que piden, pues lógicamente nada es gratis, es que se aprueben algunas leyecistas por allí como la de Alianzas Público Privadas, la de Conceciones, y que por ejemplo, se reduzcan los aranceles para la importación de maquinaria y equipo de construcción.

Al fin y al cabo, fiel a la crítica de la ideología izquierdosa el CACIF representa los intereses de la "oligarquía" económica de Guatemala, pues la mayoría de verdaderos empresarios, los que se verán en aprietos con las nuevas tácticas terrorista-fiscales por legalizarse, no pertenecen o no tienen voto significativo dentro del mismo.

Seguramente estos jugosos proyectos que vendrán al tenor de estas nuevas leyes serán los mecanismos mediante los cuales estos empresaurios mercantilistas recuperarán su “inversión” en nuevos impuestos y probablemente con creces.

Mientras tanto, el resto de la población, desde la informalidad, desde el desempleo, desde la inflación y desde la pobreza podrá observar cómo Guatemala “progresa”.

IMPUESTO DE PRIMERA MATRÍCULA: TRAICIÓN AL "PVC", RETORNO A LA DISCRECIONALIDAD

Hace unos años caminaba por el Congreso y al ver una manifestación enfrente me acerqué a ver de qué se trataba. Una señora gritaba a viva voz y con mucho entusiasmo consignas contra el "PVC". Al inquirirle acerca de su causa respondía que el "PVC" era malo, que traería pobreza a Guatemala, que no servía, etc. Sencillamente, ella debía oponerse. Luego de que me tomó más confianza finalmente me confesó que estaba allí porque le habían pagado, creo que Q50.00 más su ración de comida para que fuera a protestar contra el "PVC", como ella le llamaba.

No sirvieron de mucho sus protestas contra el "PVC", ni las de otros agitadores más sofisticados, como Joviel Acevedo o Álvaro Ramazini, quienes fueron a cabildear en contra pero al congreso de Estados Unidos. El TLC fue aprobado y eventualmente cobró vigencia.

Recientemente se han visto algunas protestas, más creativas tal vez (aunque es difícil competir contra el "no al PVC") contra la propuesta del Impuesto a la Primera Matrícula de Vehículos, principalmente por quienes saben que se verán más afectados como los importadores de carros. (Los compradores de carros no protestan porque son racionalmente ignorantes de manera que generalmente no son conscientes del costo que para ellos implicará el nuevo impuesto).

Este impuesto, a mi criterio, representa una traición al Tratado de Libre Comercio (que más bien son excepciones al verdadero libre comercio) entre Centro América y Estados Unidos, pues con una magistral güizachada, de las que siempre le caracteriza, el Congreso sustituirá los actuales "Derechos Arancelarios" (que sólo en Guatemala no son impuestos porque así lo ha "interpretado" la Corte de Constitucionalidad) por un nuevo impuesto. De tal manera, "no se viola el tratado", pues, es más, se eliminan los aranceles de importación, pero eso sí ahora se debe pagar un "impuesto" (no arancel) para matricular los vehículos importados. La ley establece que también los que se produzcan localmente pero yo pregunto ¿cuáles?

El otro problema que yo veo con esta genialidad güizachera es que representa el retorno del fantasma de la otrora inigualablemente corrupta Dirección General de Aduanas. El Impuesto crea diecinueve categorías diferentes de vehículos cada una con su propia tasa impositiva. Además se retornará a la vieja práctica de crear una "Tabla de Valores Imponibles" de manera que cada año la SAT decidirá cuál es el valor de cada tipo de cada estilo de cada marca de cada modelo de vehículo existente en el mundo y con base en ello se pagará el impuesto. ¿Podría haber más discrecionalidad en un país donde esto es prácticamente sinónimo de corrupción?

Espero que las protestas actuales ahora si tengan efecto y que el congreso escuche. Ojalá los ciudadanos, para quienes el costo de adquirir un vehículo se va a incrementar, también le hagan saber su inconformidad a los diputados, principalmente a las bancadas que hoy se perfilan como los aliados más inverosímiles del oficialismo.

SU LADO DE LA CUBETA

El Senador Fred Thompson de Tennessee daba un discurso en la convención nacional del Partido Republicano de los Estados Unidos en el cual criticaba la propuesta tributaria del candidato del Partido Demócrata, señalando que el ofrecimiento de Barack Obama era no aumentar los impuestos a las personas de clase media y baja, sino más bien aumentárselos a las empresas, sobre todo a las más grandes.
Thompson dijo entonces que esta propuesta no era para preocuparse, y con un genial sarcasmo añadió “a menos que usted compre los bienes que estas compañías producen, como abarrotes o combustibles, o que reciba un salario de alguna compañía…”. Pasó luego a la metáfora siguiente, mofándose de Obama, “no se preocupe, van a tomar más agua, pero no de su lado de la cubeta”.
Por décadas se ha querido lograr la igualdad económica por medio de la extracción forzosa de la “riqueza” de algunos para “repartirla más justamente” entre todos. La estrategia evidentemente no ha funcionado porque más de un siglo después se insiste en seguir persiguiendo el mismo objetivo. Y es que no va funcionar por que al final, a pesar que muchos se nieguen a entenderlo, las consecuencias de poner en práctica estos esquemas invariablemente van a ser las mismas, empobrecer más a todos.
Más bien lo único que se ha logrado es que haya menos agua en la cubeta, y en los peores casos, que las cubetas reservadas exclusivamente para políticos corruptos y grupos específicos que extraen rentas del Estado sean las únicas rebalsando.
Más allá de la simpleza literaria de Thompson que en nada se compara con la elegante elocuencia de Obama, su discurso encierra una valiosa lección. Y es que en términos de impuestos, para la economía de cualquier país, cubeta sólo hay una. Poniéndolo sencillo, a lo Thompson, los impuestos a las ganancias de las empresas solamente generan los siguientes efectos: 1) Encarecer los productos que estas empresas producen en perjuicio de los consumidores, lo cual los hace más pobres por la pérdida de poder adquisitivo; 2) Disminuir los niveles de ahorro e inversión, y por consiguiente, la capacidad de las empresas de aumentar su productividad, lo cual significa menos puestos de trabajo y salarios reales que no crecen.
Simpática la metáfora de Thompson, pero triste la ironía de la realidad, pues es el discurso políticamente correcto de la redistribución de la riqueza el que tiene a tanta gente sumida en la pobreza.
La pobreza solo se elimina generando más riqueza, y la riqueza solo se produce cuando el entorno legal es favorable a las inversiones. Un entorno legal favorable a las inversiones requiere que el Estado se concentre en proteger los Derechos de las personas, siendo igual de importantes los que la Constitución reconoce como los que nacen de los mismos acuerdos privados entre personas, entiéndase contratos. Se logra además con una moneda estable, no inflada gracias a todas las actividades clientelistas que lleva a cabo el gobierno supuestamente para combatir la pobreza.
Y eso no requiere de tantos impuestos.
Los guatemaltecos debemos entender de una vez por todas que para alcanzar la prosperidad debemos redefinir drásticamente el sistema político actual y el papel del Estado, desde la propia raíz, desde la Constitución, pues es lo único que le da al sistema la estabilidad de largo plazo necesaria para que este denote efectivamente certeza jurídica. Por ello es importante que usted apoye la propuesta de Proreforma.

Petrocaribe: Más deuda, más inflación, más impuestos, más pobreza

El Presidente Colom suscribió con el Gobierno de Venezuela un acuerdo mediante el cual Guatemala se adhiere a la iniciativa denominada “Petrocaribe”, y ahora busca la aprobación de dicho convenio en el Congreso. En teoría, mediante este programa el gobierno, mediante una nueva empresa estatal, podrá adquirir combustibles, para posteriormente comercializarlos en el mercado interno, bajo las condiciones, supuestamente favorables, en el sentido que debe pagar el equivalente al 40% del costo en forma inmediata, el saldo (60%) será financiado por un plazo de 25 años a una tasa de interés del uno por ciento anual.
Actualmente el Ejecutivo cuenta con los votos de los diputados de la bancada oficial, lógicamente, y busca obtener los votos adicionales suficientes para alcanzar la mayoría necesaria (mitad más uno) del total de Diputados. No es de extrañarse que a cambio de dichos votos el partido oficial haya realizado ofrecimientos que esencialmente consisten en concederle alrededor de uno punto cinco millones de Quetzales a cada diputado, e incluso alcaldes, de otras bancadas, para que estos los destinen a obras que sean de su interés.
Antes de considerar las consecuencias económicas, primero merece la pena advertir que mediante este tipo de negociaciones se burla fácilmente el ideal del sistema “democrático” representativo, puesto que el “consenso” se obtiene de “comprar” los votos necesarios a cambio de satisfacer los intereses de los políticos, en ambos lados de la negociación. Es decir, esta no será una decisión apoyada “mayoritariamente”, será una decisión “comprada”.
Muchos analistas nos han advertido ya del riesgo de adquirir una deuda pública externa que podría duplicar en cuatro años el monto existente en la actualidad; y de hacerlo para un plazo de 25 años, lo cual significa que la deberán pagar generaciones futuras con más impuestos. Otra apreciación adicional es que el incremento del gasto público resultado de los recursos provenientes de Petrocaribe generará más inflación, lo cual agravará aún más la ya difícil situación económica. Todos estos aspectos, lógicamente, sacrifican el crecimiento económico.
Por último, también se ha lanzado la advertencia que los fondos provenientes de Petrocaribe serán empleados en iniciativas “clientelistas”, que no son más que otra forma de “comprar” votos para las próximas elecciones, aparte de que no están claros los mecanismos de fiscalización del uso de los mismos.
A muchos nos indigna la actitud de los políticos que sin mayor reparo negocian este tipo de iniciativas en beneficio de sus particulares intereses, pero en detrimento de los intereses generales de la población, actual y futura. Ahora bien, la solución no pasa simplemente por sustituir a la clase política esperando que venga otra que no se comporte de esa manera. La solución realmente consiste en cambiar las reglas constitucionales tan permisivas para las ambiciones de los políticos, a manera de fijarles límites efectivos como garantía de los derechos de la ciudadanía.
La propuesta de Proreforma establece que para aprobar deuda pública o cualquier otra obligación financiera del Estado, se requiere el voto favorable de por lo menos dos terceras partes del total de diputados, lo que haría menos probable y más difícil la negociación y compra de votos, sobre todo si la Cámara de Diputados está balanceada políticamente. Lo mismo aplica para el caso de Impuestos.
La propuesta de Proreforma modifica la elección de Diputados de manera que los electores sabrán por quién votan, por nombre y apellido, y por ende será más fácil deducirles responsabilidades políticas cuando comprometen sus votos por intereses partidarios o particulares.
La propuesta de Proreforma establece que este tipo de Decretos por parte de la Cámara de Diputados tendrá por disposición constitucional una vigencia máxima de 10 años, de manera que se minimiza el impacto de los efectos de estas disposiciones hacia el futuro.
He ahí tres filtros constitucionales que harían sumamente difícil aprobar este tipo de decisiones que van en detrimento del patrimonio de los ciudadanos. Usted puede mejorar la situación del país en que vivimos apoyando los cambios necesarios en la Constitución. Apoye Proreforma.